Federico Berrueto
El problema de la concentración de poder es que vuelve imposible su control. Resulta difícil que quien preside un gobierno, además de dirigir la complejidad de la administración pública y lo que ello implica, atienda los ámbitos legislativo, judicial y local. Prescindir de reglas que dan coherencia y orden al espacio público significa que el poder, en sus extremos, se convierta en una jungla donde impera el más fuerte: el que tiene mayor capacidad de influencia o de intimidación. Dos casos recientes ilustran, con claridad, que la justicia penal se aplica como recurso para dirimir diferencias entre particulares o resolver exigencias de quienes gobiernan.
El viernes 9 de enero, en el aeropuerto de Monterrey, con un despliegue policiaco excesivo, fue detenido Armando Castilla, director del diario Vanguardia de Saltillo, Coahuila, ícono del periodismo independiente local. Treinta y seis agentes de la Fiscalía de Nuevo León y nueve vehículos de la dependencia y de la Guardia Nacional participaron en el operativo para detener al empresario. Al día siguiente sería liberado por orden de un juez. A Castilla se le acusó de fraude, un delito fabricado por quienes litigan un caso mercantil que no ha sido resuelto y cuyos abogados tienen relación con la fiscalía de NL.
Historia conocida y recurso propio de la justicia a modo: fabricar delitos, comprar el favor de fiscalías para llevar a la detención del particular y, en la cárcel, obligarlo a un acuerdo. Afortunadamente, en este caso hubo una defensa legal oportuna y eficaz mediante el juicio de amparo, pero eso no siempre ocurre. La Fiscalía de Nuevo León debe una explicación.
Vanguardia cumplió recientemente 50 años de su fundación. Armando Castilla padre fue su creador, con la participación siempre del entrañable y espléndido cronista y periodista, orgulloso saltillense, Armando Fuentes Aguirre, Catón, expresión del mejor periodismo nacional. Desde su inicio, Vanguardia fue referente de buen oficio: audaz, creativo, sin miedo, convirtiéndose en el diario con mayor ascendiente. Un actor incómodo para el poder, exitoso en todas sus etapas, incluida la actual, tan complicada para los medios por la revolución digital. Vanguardia, con Diana Galindo y su hijo Armando, ha transitado venturosamente a esta nueva etapa.
Otro caso sumamente preocupante del uso de la detención arbitraria, el del lunes 12 de enero, con la aprehensión del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud, en la ciudad de Campeche. A los viejos usos policiacos se le plantó droga en su vehículo para justificar la detención. La fiscalía afirma que fue detenido en su vehículo a raíz de una denuncia anónima, explicación inverosímil. El rector Abud se ha resistido a la pretensión de la gobernadora Layda Sansores de que la Universidad entregue al gobierno local la propiedad del estadio de béisbol Nelson Barrera, sede del equipo Piratas de Campeche. En ocasiones anteriores, ya había sido objeto de presiones; agredido en el programa de la gobernadora, llamado Martes del Jaguar, fracasada réplica de la nefasta mañanera de López Obrador. Asimismo, la Universidad recibió repetidas auditorías, todas puntualmente solventadas.
Actualmente, la Universidad estaba en proceso de designar a un nuevo rector. José Abud ha insistido en la necesidad de defender a la casa de estudios de la interferencia política y del patrimonio universitario. Se señala a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria y funcionario con mayor influencia, como responsable de la embestida contra la UAC. Hasta estas horas, el rector continúa detenido e incomunicado, al tiempo que se ha designado a Fanny Guillermo como rectora amedrentando desde el gobierno a consejeros universitarios.
Los casos de Castilla y Abud no son excepción ni accidente; son muestra del deterioro de la justicia. Recurrir a la detención arbitraria, con la participación de fiscalías es un viejo recurso del poder. Hoy, en estos nuevos tiempos, puede utilizarse para amedrentar o extorsionar a un directivo de un importante medio de comunicación o para someter a un rector de la universidad pública de una entidad y permitir que la autoridad influya en el destino de una institución autónoma.
Ambos casos ilustran un grave problema de la justicia penal en un país marcado por la impunidad: fiscalías incapaces de cumplir su cometido de combatir el delito y, en no pocos casos, coludidas con criminales. El envilecimiento de la justicia penal al servicio del poder político o económico. La ley de la selva.
