Federico Berrueto
El enemigo es inherente a una relación antagónica: la existencia del otro niega la propia. Se trata de una oposición sustantiva, propia de la lógica de la guerra. El objetivo es aniquilar, exterminar al otro. La amenaza plantea una situación distinta: su propósito principal es el dominio o el sometimiento. No niega la existencia del otro, sino su soberanía, su libertad o su autonomía.
Esta distinción resulta útil para entender la política y la situación que hoy enfrenta México. La lógica de una democracia consiste en transformar el antagonismo en diferencias legítimas. Un ejemplo son los partidos marxista-leninistas, que postulaban que la burguesía estaba condenada a desaparecer. Consideraban como una ley histórica el triunfo del proletariado, clase universal no dominante, porque ya no existiría otra.
Éstas son las premisas de los totalitarismos: la negación de la diferencia y de la legitimidad del otro. Por ello, estos regímenes tienen como principio el partido único y el aniquilamiento del adversario. Así ocurrió con el nazismo, el fascismo y el comunismo de corte estalinista.
Esta lógica no pertenece únicamente al pasado. Morena es un proyecto populista integrado por diversas corrientes; ha cobrado fuerza la corriente totalitaria. Partido, régimen, gobierno, Estado y nación se conciben como una misma entidad. No pueden existir órganos constitucionales autónomos ni una auténtica división de poderes. Con su proyecto de reforma política pretendió convertir a Morena en un partido hegemónico mediante la eliminación de la representación proporcional en la integración de la Cámara de Diputados. Asimismo, recurre con facilidad al calificativo de traidor a la patria para descalificar a sus adversarios. La tesis es sencilla: si el régimen se asume como la expresión del pueblo y de la nación, quien se le oponga deja de ser un adversario para convertirse en enemigo de la patria.
Con singular lucidez, Luis Rubio advierte que para el obradorismo todo es político, incluso el crimen organizado. Significa que a todo se le da una respuesta política. Legalidad y justicia quedan subordinadas a las necesidades del régimen y a la preservación de su dominio. En línea semejante, el ministro en retiro José Ramón Cossío sostiene que la reforma judicial respondió a la necesidad de concentración de poder impulsada por AMLO, lo que implica subordinar la legalidad a los intereses políticos del régimen. Dos perspectivas distintas que convergen en una misma conclusión.
Precisamente por esa concepción de la ley, el crimen organizado recibe una respuesta política. Se negocia con él, lo que supone aceptar su existencia, pese a que representa la negación del Estado, de la legalidad y de la justicia. Se busca administrar una relación que lo haga funcional al régimen. En esa lógica no existe escrúpulo para incorporarlo como fuente de financiamiento y, cuando conviene integrarlo a la operación electoral mediante los métodos propios de las organizaciones criminales.
EU no es un enemigo. Las autoridades estadounidenses exigen que sus correspondientes mexicanas actúen con apego a la ley. La solicitud de detención de diez personas, encabezadas por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un procedimiento estrictamente legal. En ese proceso intervienen una fiscalía independiente, un gran jurado que determina si existen elementos suficientes para emitir una orden de captura de un juez para iniciar un proceso penal y la solicitud se remite por vía diplomática.
La situación de impunidad o de justicia selectiva tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo colocan al país en una posición delicada frente a la resistencia para actuar conforme a la ley y al tratado de extradición. Desde la visión ideológica del sector más radical del gobierno, esa actuación puede interpretarse como una agresión al país, más que como una amenaza, cuyo propósito sería desmantelar al régimen político obradorista.
Más allá de la intención ideológica o política que pudiera existir detrás de la actuación judicial de Estados Unidos, el problema no se resuelve con una retórica soberanista, sino con el cumplimiento estricto de la ley. Debe reconocerse que el sometimiento de la FGR, del Poder Judicial y de la Suprema Corte a los intereses políticos del régimen con el propósito de proveer justicia selectiva, deja al país en una situación de indefensión frente a la acusación de que gobierno y crimen organizado son lo mismo. Los cárteles son, efectivamente, el enemigo; Estados Unidos constituye una amenaza, agravada por la impunidad que prevalece en México.
