Sandra Mayela Hernández Flores
El domingo 13 de noviembre, una multitudinaria marcha de ciudadanos se presentó en la Ciudad de México, así como en más de 40 de las principales ciudades del país, para defender, como dijeran los organizadores y asistentes, al Instituto Nacional Electoral (INE) de su eventual desaparición, de acuerdo a la intención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a través de la iniciativa de Reforma a la Ley Electoral que presentó en abril pasado.
Al término de su realización en la capital del país, los grupos a favor y en contra, autoridades y organizadores, no se lograron poner de acuerdo sobre el número de participantes, contrastando las cifras desde los doce mil que dijo el Gobierno de la CdMx que eran; 60 mil, en datos proporcionados por el propio Jefe del Ejecutivo Federal; hasta los 640 mil que habría señalado el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; de acuerdo a medición hecha por Guillermo Valdés Castellanos, socio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA).
La importancia de la misma no tiene qué ver con el número de participantes o en la descalificación que de ella hacen sus detractores, sino en el sentido de la protesta, en la que se pone de manifiesto la organización de una sociedad civil cada vez más seria y comprometida para poner en claro que no se quiere volver al pasado en cuanto a procesos electorales amañados.
“El INE no se toca” y otras frases en defensa del organismo, gritaron al unísono los participantes, grito que resonó en diferentes ciudades del país donde de manera simultánea también se marchó y el tema ahora es tendencia a nivel internacional, ya que corresponsales de diferentes países cubrieron el evento y lo consignaron en sus medios de comunicación.
El temor de que se dé la reforma recae, señalan los expertos, en que la democracia en la organización de procesos electorales, que se ha alcanzado desde la creación del Instituto Federal Electoral (1990), se pierda y se regrese a elecciones de estado, oscuras y parciales; con la consecuencia de que no importa quién participe como oposición, siempre gana el partido en el poder, el que obtiene mayoría en los congresos y logra la aprobación de iniciativas que se presenten.
Pero, ¿en qué consiste la reforma y qué implica su aplicación que ha causado tanto encono entre los diversos grupos políticos, económicos y sociales de la sociedad y que a partir de noviembre se inició su debate en la Cámara de Diputados?
En términos generales, los puntos principales de la propuesta de López Obrador, son:
– El INE no desparece como tal, sino que cambia su nombre al de ‘INEC’ (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y seguirá siendo autónomo.
– Busca reducir el número de diputados federales de 500 a 300. Los senadores, a su vez, pasarían de 128 a 96. Y se agrega que los legisladores sean electos mediante listas, es decir, vía plurinominal.
– Respecto a los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), serán propuestos por los tres poderes de la Unión y su designación se hará mediante voto popular, en elecciones abiertas.
– Se pretende reducir de once a siete el número de consejeros del propio Instituto.
– Los partidos políticos solo recibirán financiamiento público para campañas electorales.
– Plantea reducir a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión.
– Disminuir la participación ciudadana, del 40 al 33 por ciento, para considerar vinculante una consulta popular.
– Se eliminarían los órganos electorales locales, es decir que el INEC se encargaría de organizar los procesos federales, estatales y municipales.
– Busca implementar el voto electrónico.
Las reformas señalan modificaciones a 18 artículos de la Constitución Política de México y siete artículos transitorios.
En términos económicos, de acuerdo al Presidente de México, la idea es que el INE no cuente con tantos recursos, como ahora recibe, para la organización de los procesos electorales, pretendiendo un ahorro de 24 mil millones de pesos, ajustando la burocracia electoral y legislativa (con la disminución de consejeros y diputados/senadores e incluso desapareciendo las instancias estatales encargadas de organizar los comicios), y disminución en el presupuesto destinado a partidos políticos.
La iniciativa contempla limitar el financiamiento a los partidos solo para las elecciones, con lo que se suprimirían once mil millones de pesos del presupuesto que se les entrega cada año; y representaría un ahorro de más del 66 por ciento del gasto actual.
El financiamiento para actividades ordinarias entregado el año pasado a los organismos políticos representó cinco mil 500 millones de pesos: Morena, recibió mil 700 millones de pesos; y el PAN y el PRI, cada uno, alrededor de mil millones de pesos.
En tanto que las dirigencias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática han señalado que votarán en contra del proyecto; el Presidente López Obrador se prepara para presentar un “Plan B”, junto con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (con mayoría en el Congreso), en caso de que su iniciativa no pase; dado que su intención es que ésta llegue tal cual se presentó sin cambios de ninguna especie.
El plan propondría modificaciones a leyes secundarias, mismas que no requieren las dos terceras partes de los votos para ser aprobadas (solo mayoría simple). Sin embargo, las leyes secundarias, cualesquiera que éstas sean, no pueden estar, nunca, por encima de lo que marca la Constitución.
El Presidente de México expone que su iniciativa es una clara muestra de lo que la ciudadanía está demandando, a través de una política de austeridad y contar, según señala, con ‘órganos electorales que garanticen comicios legítimos, sin la posibilidad de hacer fraude’.
Sin embargo, no reconoce que el actual órgano electoral, tal y como funciona, es el mismo que organizó y reconoció su triunfo en 2018.
En torno a las reformas planteadas en la iniciativa, los diferentes actores políticos han dado sus puntos de vista:
– Va por México -conformado por PAN, PRI PRD-, aunque señala no estar de acuerdo con algunas propuestas, aceptó revisar las iniciativas.
– Coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Ángel Espinoza Cházaro, dijo que el andamiaje institucional de México “requiere mejoras en las leyes secundarias, pero desde nuestro punto de vista no es necesario ahora, frente a una elección rumbo a la Presidencia en 2024, modificar el marco constitucional”.
– Rubén Moreira, diputado del PRI, dijo que el partido que representa no anticipa su voto a favor de ninguna reforma, ya que “no vamos a permitir que se dañe ni al INE ni al Tribunal Federal Electoral, y esto entendido en su autonomía, en su certeza, en su transparencia y en todas las condiciones que hagan posible su trabajo”.
– Movimiento Ciudadano mostró total rechazo a la iniciativa y a través de Salvador Caro afirmó que “lo que están haciendo es darle las condiciones al Presidente para que ponga a su títere”, por lo que agrega que “no va a participar en esta farsa”.
El Presidente, quien calificó a los organizadores y participantes de la marcha como clasistas, racistas, conservadores, hipócritas, aspiracionistas, corruptos, achichincles, despistados y que buscan llegar a ser fifís, entre otras lindezas; ha reiterado que su propuesta busca acabar con los fraudes electorales y «estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no sólo quedarnos en la democracia representativa sino avanzar hacia la democracia participativa».
Por lo pronto, y en tanto la Cámara de Diputados se prepara para el análisis de la Reforma de Ley presentada por López Obrador, este mismo personaje convocó a una marcha el 27 de noviembre, previo a su cuarto informe de gobierno al frente del país, “para ver también si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien”.
La propuesta de reforma a la Ley Electoral tiene aún mucha tela de dónde cortar, es apenas el inicio de su análisis y discusión entre los legisladores y los dimes y diretes darán mucho de qué hablar. En espera de sus resultados, estaremos aquí para consignarlo.
