Jessica Rosales
Violencia de género en el ojo público
En los últimos días, Coahuila se ha visto sacudido por dos casos de violencia de género que han generado gran debate en la opinión pública. Por un lado, en Torreón, el regidor electo Mario “N” enfrenta una imputación formulada por un juez por violencia de género y lesiones simples en perjuicio de una mujer, un hecho ocurrido en agosto de 2022. Este viernes será la audiencia donde se determinará si se le vincula o no a proceso, y la comunidad espera con atención el resultado.
Mientras tanto, en Saltillo, el exfuncionario estatal y docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Aldo “N”, ha sido detenido por presunta violencia física contra su esposa y enfrenta también una acusación de acoso por parte de una estudiante menor de edad. Además, este viernes también se celebrará la audiencia de vinculación a proceso por el cargo de violencia familiar en su contra.
El contexto actual envía un mensaje claro: la tolerancia cero ante la violencia de género. Esto no significa que se deba prejuzgar, pues ambos casos aún están en proceso y será un juez quien determine la culpabilidad o inocencia de los acusados. No obstante, lo significativo aquí es que estas denuncias no han sido ignoradas ni desechadas, sino que están siguiendo su curso legal. Esto, en sí mismo, es un avance que refleja una sociedad cada vez más consciente y menos dispuesta a aceptar el abuso de poder y la violencia hacia las mujeres.
En el caso de Aldo N, los testimonios y la flagrancia de los hechos que rodean su presunta agresión generan una inquietud especial. No solo se trata de la agresión física y verbal a su esposa, sino también del abuso de poder que representa la solicitud de fotografías a una menor a cambio de calificaciones.
La violencia contra las mujeres no es un tema nuevo. Sin embargo, lo que estos casos nos dicen hoy es que ya no es posible esconderse tras el poder, la influencia o los cargos públicos para evadir la justicia.
En el pasado, se habría cuestionado a las víctimas, se habría dudado de su palabra, y en muchos casos, las denuncias habrían quedado archivadas, relegadas al olvido. Pero hoy, la lucha feminista y la conciencia social en torno a la violencia de género han dado pasos importantes que no permiten retrocesos. Las voces de las mujeres, antes silenciadas, ahora se escuchan con más fuerza y tienen eco en las instituciones que antes parecían impenetrables.
Es crucial que estos procesos legales se lleven a cabo con la imparcialidad y el rigor necesarios, sin juicios anticipados. No obstante, el solo hecho de que se haya llegado a este punto, donde dos figuras públicas y de poder en Coahuila están siendo juzgadas por presuntos actos de violencia de género, es en sí mismo un indicio de que algo ha cambiado en nuestra sociedad.
Coahuila, y el país en general, enfrentan un reto enorme en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estos casos ponen sobre la mesa la urgencia de seguir fortaleciendo las leyes y políticas públicas que protejan a las víctimas y castiguen a los agresores, sin importar su posición o influencia.
La cuestión de fondo es si esta nueva postura de tolerancia cero perdurará, si los casos de violencia de género realmente encontrarán una respuesta contundente en los tribunales, y si, como sociedad, estamos preparados para sostener esta lucha a largo plazo. La respuesta, como siempre, la dará el tiempo y la manera en que estos procesos concluyan. Lo cierto es que, por ahora, las mujeres no estamos solas, y la justicia empieza a abrirnos un camino que antes parecía inaccesible.
