Sin vocación
Jessica Rosales
La labor de los docentes, sin duda, es prioritaria, tienen en sus manos una alta responsabilidad, pues la educación de quienes son el futuro, depende de la forma en que se conduzcan frente a las aulas, además de la honestidad y los valores que por sí mismos deben ser un ejemplo para el alumnado.
Sin embargo, cuando dichos valores no están fortalecidos y son algunos docentes quienes incurren en irregularidades, simulaciones y otras prácticas, la educación de esos niños está en riesgo.
Es aquí donde la Secretaría de Educación tiene complicada la coordinación, administración y vigilancia del sistema educativo, ya que se enfrentan a sindicatos cuando se abren proceso contra maestros y de la población cuando se trata de los alumnos.
La mañana de este jueves en el ejido Plan de Guadalupe del municipio de Ramos Arizpe ocurrió una situación que dejó a la duda varias circunstancias, pues se habló de un hecho grave, la privación ilegal de la libertad de una docente por parte de padres de familia inconformes.
De entrada, pese a las diferencias o inconformidades de los padres de familia sobre un hecho, la acción que ejercieron se trata de un delito. Argumentaron de inicio su molestia porque la docente y directora comisionada en la escuela de esa comunidad, Yensa Anacani, había sido retirada de su cargo y pedían restituirla, por lo que dijeron mantenerla resguardada en el plantel hasta que el área jurídica les resolviera sus peticiones.
Fue alrededor de las 13:40 horas cuando propia dicente manifestó de viva voz al periodista Christyan Estrada de Grupo Región que estaba secuestrada, luego modificó y señaló que estaba retenida, aunque contra su voluntad, encerrada en la escuela con candado, por lo que solicitaba el auxilio del sindicato, de la Secretaría y de sus familiares.
Indicó que desde las 7 de la mañana, nadie había acudido a sacarla de esta situación y esperaba el apoyo. Extraño que no llamara directamente a las autoridades policiacas.
Al darse a conocer la noticia, la Secretaría de Educación informó que la docente fue cesada de su cargo por incumplir sus funciones de docente, por lo que asignarían un nuevo maestro a esa escuela.
Informaron que acudió un representante del área jurídica quien verificó que no existía dicha privación y que la puerta estaba abierta para el momento en que la docente quisiera retirarse.
Posteriormente, se supo que las madres de familia que la mantenía retenida estaban en complicidad con la docente fingiendo esta situación, lo que resulta muy grave.
De inicio, la privación ilegal de la libertad es un delito, y de acreditarse dicha complicidad en un hecho fingido también, pues simular un “secuestro” está penado por las leyes.
Mucho tendrá que explicar esa docente y mucho habrá que explicarles a los padres de familia el problema que podrían enfrentar, ya que no se trata de una simple manifestación pacífica donde cierran una escuela, sino de la privación ilegal de una persona, que directamente dijo ser víctima.
Mucha suerte, hasta el momento, han tenido ambas partes de que la autoridad ignoró los hechos desde el ámbito penal y se dedicó a aclarar la situación, pero es importante frenar este tipo de actos porque en ambos lados docente-padres de familia, están dando un mal ejemplo y un mensaje equivocado a los hijos y estudiantes a su cargo.
