Jessica Rosales
Promesas incumplidas
Hace 18 años, el 19 de febrero de 2006, ocurrió uno de los desastres mineros más terribles en Coahuila que atrajo la mirada del mundo. El acumulamiento de gas en varios túneles de la mina 8 de Pasta de Conchos provocó una gran explosión que dejó sepultados a 63 mineros. Hasta la fecha, este evento trágico no ha tenido justicia para las víctimas ni sus familiares.
Sin importar las indemnizaciones otorgadas a los deudos o las disculpas públicas, en casi dos décadas ninguno de los responsables pisó la cárcel ni existieron sanciones para nadie de ellos, mucho menos el Estado Mexicano, cuyo principal delito fue la omisión.
De acuerdo con datos oficiales la mina tenía reportes de fallas en temas de seguridad desde el año 2000, incluso la inspección más reciente antes del accidente se documentó el 12 de julio de 2004. Se registraron 43 violaciones a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, la mayoría de aplicación urgente.
Acto seguido, la autoridad federal omitió verificar el cumplimiento de dichas medidas, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la recomendación 26/2006 resolvió que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Tras la explosión, los expertos señalaron en ese momento que, debido a la magnitud de esta, era prácticamente imposible que se lograra el rescate de cuerpos, pues estos pudieron incluso quedar desintegrados, a eso añádele que han pasado 18 años.
A pesar de ello, en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los deudos el rescate, y anunció la instalación del Comité para la Reparación y Justicia de Pasta de Conchos, acciones que quedaron a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
La promesa pareció a algunos populista teniendo en cuenta las posibilidades, lo que para el presidente era un asunto sin importancia, pues su intención le generaba activos positivos en su entorno político-electoral.
Hace algunos días, la Familia Pasta de Conchos pidió frenar el rescate no por el desinterés de que se realice sino por los riesgos en que se colocó a los trabajadores, ya que estaban ingresando sin contar con salidas de emergencia.
“Queremos el rescate, sí, pero no a costa de la vida de los mineros”, fue la exigencia del grupo de viudas y familiares. Y es que se ha ignorado la obligación del Estado Mexicano por garantizar la seguridad de los rescatistas para cumplir sus promesas.
López Obrador ofreció un decreto presidencial que obligue a los próximos gobernantes a cumplir dicho rescate, pero ¿Realmente lograrán encontrar los restos de los mineros, de los 63? ¿Qué pasará si ninguna administración puede cumplir esa promesa? ¿Es correcto seguir promoviendo esa esperanza?
Simplemente, en El Pinabete, de los 10 trabajadores sepultados tras una inundación de la mina, en casi año y medio se logró el rescate de cuatro mineros, del resto no se tiene certeza. Sin embargo, ha sido prácticamente imposible su identificación por las condiciones en las que se encontraron.
Si esto ocurre en Pinabete ¿Qué posibilidades hay de éxito en el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos? ¿Vale la pena tolerar de nueva cuenta la irresponsabilidad de un gobierno federal? Ante tales circunstancias podría esta ser una promesa incumplida.
Pero hay algo en lo que, si puede actuar y es en invertir recursos para más inspectores, inspeccionar, sancionar y cerrar aquellas minas que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. ¿Acaso los intereses y la corrupción que permeable en ese sector es más fuerte que esta posibilidad? Al parecer, sí.
