Jessica Rosales
Dos varas para medir
En México se ha vuelto común observar una narrativa en la que los señalamientos contra opositores son asumidos con rapidez como asuntos de interés público que ameritan investigaciones, cuestionamientos y amplias discusiones mediáticas, incluso procesos judiciales. Sin embargo, cuando las acusaciones o sospechas alcanzan a figuras cercanas al partido gobernante, la reacción suele ser distinta: se apela al beneficio de la duda, a la presunción de inocencia y a la ausencia de pruebas concluyentes.
Nadie debería estar en contra de la presunción de inocencia. Es un principio fundamental en cualquier democracia. El problema surge cuando ese criterio se aplica de manera selectiva.
Las recientes controversias ilustran este contraste. Mientras la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada a declarar ante la Fiscalía General de la República en medio de cuestionamientos relacionados con una presunta participación de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico, diversos actores políticos de Morena han recibido una defensa inmediata frente a reportes y señalamientos publicados por medios nacionales e internacionales como el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Lo mismo ocurre con las versiones difundidas por el periodista Steve Fisher en Los Angeles Times respecto a presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. La respuesta oficial fue: “Ellos tienen que aclarar. Que afán con quitar la visa y hacerlo público”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. ¿Y por qué ese mismo criterio no aplicó cuando los cuestionamientos fueron dirigidos a Maru Campos?
El periodista también señala que ambos gobernadores contarían con un permiso especial para ingresar a Estados Unidos, pese a la presunta cancelación de sus visas, debido a que estarían colaborando o proporcionando información a autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con el narcotráfico en México.
Y es precisamente ahí donde surge una pregunta: si se considera una posible injerencia extranjera la participación o colaboración de agencias estadounidenses en asuntos relacionados con autoridades mexicanas, ¿no debería aplicarse el mismo criterio a los gobernadores de Morena que, según esos reportes periodísticos, presuntamente estarían colaborando o proporcionando información a autoridades de Estados Unidos sobre asuntos relacionados con México?
Si existen dudas sobre la actuación de una gobernadora de oposición, deben investigarse. Pero si existen dudas sobre gobernadores emanados del partido en el poder, también deben investigarse. La regla tendría que ser exactamente la misma.
Porque el problema no es quién es señalado. El problema es la consistencia con la que se reacciona frente a los señalamientos.
Hace unos días, la diputada federal Kenia López Rabadán sostuvo que cualquier persona sobre la que existan sospechas razonables debe ser investigada sin importar colores partidistas. En eso resulta difícil no coincidir. La ley no debería distinguir entre militantes de Morena, del PAN, del PRI o de cualquier otra fuerza política.
Lo preocupante es que en México pareciera estar consolidándose una lógica distinta: la de asumir culpabilidad cuando el señalado pertenece a la oposición y exigir pruebas irrefutables cuando el cuestionado forma parte del grupo gobernante.
Mientras tanto, desde el poder se anuncian reformas, iniciativas y nuevos mecanismos para impedir la infiltración del crimen organizado en la política. El discurso es correcto. Nadie puede estar en contra de fortalecer los filtros institucionales. Sin embargo, los resultados siguen siendo insuficientes cuando continúan apareciendo nombres de funcionarios, alcaldes, legisladores o gobernadores relacionados en investigaciones periodísticas o judiciales y la gran mayoría si no es que todos los casos recientes se refieren a Morena.
La pregunta de fondo no es únicamente si los señalamientos son ciertos o falsos. Para eso existen las investigaciones y las autoridades competentes.
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿por qué la exigencia de transparencia y rendición de cuentas parece cambiar dependiendo de quién ocupe el cargo y del partido al que pertenezca?
Durante años, la Cuarta Transformación construyó buena parte de su legitimidad bajo consignas como “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, además de prometer cero corrupción y cero impunidad. Precisamente por ello, los estándares para quienes gobiernan bajo esas banderas deberían ser más altos, no más flexibles.
La credibilidad de cualquier proyecto político no se mide cuando se señala a sus adversarios. Se mide cuando está dispuesto a investigar a los suyos. Y esa sigue siendo la gran prueba pendiente.
Cuando lo hace un adversario político, la culpabilidad se da por hecha y la presunción de inocencia desaparece. Pero cuando se trata de un amigo, un aliado o alguien del propio partido, entonces se convierte en víctima, se argumenta que no hay pruebas y se le otorga el beneficio de la duda. ¡Vaya incongruencia!
