Por Jessica Rosales
Se les dijo y no escucharon
Había advertencias. Había precedentes. Había voces que desde el primer momento señalaron, con argumentos jurídicos y con perspectiva de género, que el camino que tomaban la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial en el caso de Esthela, la primera mujer vinculada a proceso por Violencia Vicaria en Coahuila, era equivocado. No fueron escuchadas. Peor aún, sí se escucharon, pero fueron ignoradas.
Desde que el caso comenzó a hacerse público, colectivas feministas, activistas y especialistas señalaron algo que no es opinión ni ideología: la violencia vicaria es una figura jurídica diseñada como acción afirmativa para proteger a las mujeres frente a una violencia histórica y sistemática.
Aplicarla en sentido inverso para procesar a una mujer desvirtuaba su propósito, su origen y su espíritu legal. Incluso la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, lo advirtió y trató de explicar la adecuada aplicación de la ley.
Que quede claro que cuestionar la aplicación de esta ley no es defender la impunidad. No se trata de proteger a hombres ni a mujeres de manera indiscriminada. Se trata de algo más elemental: exigir que la legislación vigente se aplique correctamente. Porque cuando el sistema de justicia actúa bajo presión mediática y no bajo criterios jurídicos sólidos, el problema no afecta solo a una persona. Afecta a todos los que en algún momento pudieran sentarse en ese banquillo de los acusados.
Llamó la atención, en su momento, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Mery Ayup, recibiera a uno de los grupos que presionaban en este caso y a una de las partes, mientras que las colectivas feministas no tuvieron la misma suerte. No es un dato menor. Es una señal que, además, deja en entredicho la imparcialidad.
En Coahuila ha emergido un grupo de hombres que afirma ser víctima de denuncias falsas y de obstáculos para convivir con sus hijos. Esa situación es real, es válida y merece atención. Tienen todo el derecho de pelear y de manifestarse. El problema no es que existan, ni que alzaran la voz, sino que fue, para el Poder Judicial, una herramienta de presión mediática en un caso específico.
El propio juez, ante la magnitud de la controversia, consultó al pleno del Poder Judicial en Coahuila si el tipo penal de violencia vicaria podía aplicarse en este caso. La respuesta fue lo que todos ya sabían: No. Pero esa consulta llegó tarde, después del arraigo domiciliario, después de separar a Esthela de sus hijos, de anticipar una culpabilidad, de criminalizarla y estigmatizarla, y después de vincularla a proceso. Cabe destacar que Esthela accedió voluntariamente a comparecer. No huyó. No se negó. Y aun así, la medida extrema llegó primero que el análisis jurídico.
Ahora, ante el desastre, el Poder Judicial pretende trasladar la responsabilidad al Poder Legislativo. Es un movimiento predecible, pero inaceptable. La ley existía. La ley estaba ahí. Se les advirtió que estaba mal aplicada. Los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado la interpretaron de forma errónea, y el juzgador siguió ese camino sin cuestionar lo suficiente. No hace falta modificar las leyes. Lo que hace falta es la adecuada formación de ministerios públicos y juzgadores para que apliquen la norma con rigor, con perspectiva de género real, y sobre todo, con la mirada puesta en las infancias.
Reclasificar el delito ahora no será tarea sencilla. Desde un inicio, la violencia vicaria no encajaba. Lo que existía, en todo caso, era una situación de obstrucción parental, figura completamente distinta. Y la propia Esthela ha aportado videos y evidencias que muestran que no negó las convivencias. El caso se construyó sobre bases frágiles, bajo la lupa de las cámaras y el ruido de las redes.
El Congreso del Estado, que dirige Luz Elena Morales, la primera mujer en la historia de Coahuila al frente de la junta de gobierno, actuó como le correspondía: legisló, reguló y homologó. Hizo lo correcto. Los que fallaron fueron quienes tenían la obligación de interpretar y aplicar la ley con responsabilidad: la Fiscalía y el Poder Judicial.
Y ahora, a unos días del 8 de marzo, Miguel Mery Ayup se ha erigido en defensor de causas feministas, exhibiendo un comunicado en el que el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria le reconoce que «abrió el diálogo». Pero la pregunta es inevitable: ¿cuándo se abrió ese diálogo? ¿Antes o después de que el caso se desbordara a nivel nacional? Porque es un hecho que antes nunca estableció contacto directo con las colectivas.
Quien ha estado firme, quien ha hecho cosas concretas por las mujeres y por las infancias en Coahuila, entre otros poderes e instituciones, es el Congreso del Estado. No quien intenta salvar su imagen a destiempo.
Se les dijo. Había advertencias. No las escucharon. Y eso también tiene un nombre: irresponsabilidad institucional.
