Por Jessica Rosales
Desamparados: La reforma que cierra la puerta a los más vulnerables
En las primeras horas del 15 de octubre de 2025, mientras la mayoría de los mexicanos dormían, el Senado de la República consumó lo que muchos juristas y defensores de derechos humanos califican como uno de los retrocesos más graves en materia de justicia constitucional de las últimas décadas.
Con 83 votos a favor y apenas 38 en contra, se aprobó la reforma a la Ley de Amparo que, bajo el disfraz de «modernización» y «eficiencia procesal», clausura el acceso a la justicia para quienes más la necesitan: los ciudadanos sin recursos, las comunidades indígenas, los colectivos ambientalistas, las organizaciones de mujeres, los defensores de derechos humanos y todos aquellos que carecen del poder económico para sostener litigios individuales costosos.
Antes de esta modificación, el artículo 5º de la Ley de Amparo permitía que cualquier persona, grupo u organización pudiera defender en los tribunales algo que les afectaba, aunque no fueran los dueños directos de ese derecho. Por ejemplo, una asociación ambiental podía defender un bosque sin tener que ser propietaria de ese bosque; o un grupo de vecinos podía defender el agua limpia de su comunidad sin tener que demostrar que eran dueños del río.
Esto era importante porque permitía defender cosas que nos pertenecen a todos: el aire limpio, los monumentos históricos, que el gobierno sea transparente, que los productos que compramos sean seguros. Son derechos que no son de una sola persona, sino de toda la comunidad.
El gobierno dice que la reforma es buena porque moderniza los trámites, los hace más rápidos y evita que algunas personas usen el amparo para no pagar impuestos o frenar obras importantes. Estos argumentos suenan bien, pero esconden un problema mayor: millones de personas perderán su derecho a defenderse en los tribunales solo para que el gobierno pueda recaudar más dinero y hacer sus proyectos sin que nadie los cuestione.
Dicen que ahora los amparos serán digitales, como si fuera un gran avance. Pero ¿qué pasa con las comunidades rurales que ni siquiera tienen internet? ¿O con los adultos mayores que no saben usar computadoras? ¿O con la gente pobre que apenas tiene dinero para llegar al juzgado y ahora tendrán que navegar sistemas complicados en internet? Como dijo la diputada Susana Reyes: «Un amparo sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia, no protege a nadie. Esta es una ley de desamparo».
La reforma también hace más difícil que un juez detenga temporalmente algo que te está dañando mientras se resuelve tu caso. Ahora el juez debe pensar si detener ese acto va contra el «interés social» o el «orden público», o si la sociedad pierde algo bueno. Estas palabras suenan bonitas pero son tan vagas que pueden usarse para justificar casi cualquier negativa. ¿Qué juez se atreverá a detener un proyecto que el presidente dice que es «de interés nacional», aunque viole derechos de las personas?
Lo más indignante es cómo se hizo esta reforma. Las reuniones públicas en el Senado el 29 y 30 de septiembre fueron avisadas con muy poco tiempo, y según la oposición, no tomaron en cuenta lo que dijeron los 35 especialistas que participaron. Incluso Olga Sánchez Cordero, una exministra de la Suprema Corte que ahora es diputada de Morena, advirtió que la reforma afecta especialmente a la comunidad LGBT+, consumidores, pueblos indígenas y defensores del medio ambiente. No le hicieron caso y se abstuvo de votar.
Organizaciones expertas como Fundar, CEMDA, México Evalúa, GIRE y la Barra Mexicana de Abogados explicaron detalladamente por qué esta reforma es un retroceso. Luisa Fernanda Tello de GIRE fue clara: «Para las organizaciones civiles defender los derechos colectivos es prioridad y con estos cambios retrocedemos en lugar de avanzar». Arturo Guerrero, quien fue secretario del Consejo de la Judicatura, lo resumió así: «Estamos arreglando algo que no estaba roto».
Pero el partido en el poder, con su enorme mayoría, decidió seguir adelante sin escuchar. Su discurso fue siempre el mismo: hay que combatir el «abuso» del amparo, evitar que se frene la «cuarta transformación», impedir que gente «privilegiada» evada impuestos. Pero nunca quisieron responder por qué una herramienta creada para proteger derechos debe destruirse solo para que el gobierno trabaje «más eficientemente».
Esta reforma no afecta a todos por igual. Hay ganadores claros: el gobierno, que ahora podrá hacer lo que quiera sin que los jueces lo detengan tan fácilmente; las grandes empresas que tienen dinero para pagar abogados caros y llevar juicios individuales complejos; y un sistema político que prefiere mandar sin que nadie lo cuestione.
Los perdedores son los de siempre: las comunidades campesinas que luchan contra mineras o presas; los pueblos indígenas a quienes invaden sus tierras sin preguntarles; la gente que vive en zonas contaminadas y quiere detener el daño ambiental; las organizaciones que defienden derechos humanos; las víctimas de violaciones masivas que solo podían defenderse en grupo.
