Jessica Rosales
Narcoinfluencers: La delincuencia que hoy opera desde un frente digital
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño ha presentado una iniciativa que merece toda nuestra atención y apoyo: tipificar la apología del crimen organizado en redes sociales y sancionar a quienes, desde un celular, buscan reclutar a nuestros jóvenes. En un país donde la violencia ha dejado cicatrices profundas, resulta inadmisible que las plataformas digitales se conviertan en nuevos campos de reclutamiento para el crimen.
Hoy, el peligro ya no se limita a las calles oscuras ni a los barrios en disputa. Ahora, basta con que un adolescente deslice su dedo sobre la pantalla de TikTok, Instagram o YouTube para encontrarse con videos que glorifican armas, dinero fácil y estilos de vida criminales. Ese es el terreno en el que se libra una nueva batalla, una batalla que hasta ahora el Estado no ha sabido enfrentar.
Los llamados “narcoinfluencers” se han convertido en voceros de un estilo de vida que enaltece la violencia y degrada la cultura del esfuerzo. Con música, imágenes llamativas y discursos aspiracionales, logran seducir a niñas, niños y adolescentes que, en su búsqueda de identidad, terminan fascinados por estas narrativas destructivas.
Es un fenómeno silencioso, pero devastador. Los carteles ya no necesitan arriesgarse en la calle para captar a menores de edad: lo hacen desde la comodidad de un teléfono. El crimen organizado ha entendido lo que muchos en el Gobierno Federal no: que el verdadero poder está en dominar la mente y el imaginario de la juventud.
Frente a este escenario, la propuesta de Torres Cofiño es clara y contundente. Reformar el Código Penal Federal para imponer hasta 10 años de prisión a quienes promuevan o glorifiquen al crimen en medios digitales, y obligar a las plataformas a retirar ese contenido que hoy inunda nuestras pantallas. No es censura, es una respuesta proporcional a una amenaza real.
La iniciativa también plantea sanciones económicas para los gigantes tecnológicos que ignoren esta responsabilidad. Porque mientras ellos obtienen ganancias millonarias, su omisión abre la puerta a que el crimen organizado penetre en los hogares mexicanos. La neutralidad digital no puede seguir siendo pretexto para mirar hacia otro lado.
Algunos sectores levantarán la voz en defensa de la “libertad de expresión”. Pero conviene aclarar: la libertad de expresión jamás puede servir como escudo para quienes promueven el delito y convierten la violencia en propaganda. Cuando lo que se difunde amenaza directamente a la niñez y a la juventud, el Estado tiene no solo el derecho, sino la obligación de intervenir.
Lamentablemente, hasta ahora el Gobierno Federal ha sido omiso. Mientras se habla de abrazos y no balazos, la delincuencia organizada ha encontrado en las redes sociales un espacio libre de regulación y castigo. Ese vacío legal es el que hoy aprovechan los narcoinfluencers para seguir sembrando falsas promesas entre nuestros adolescentes.
Los riesgos son alarmantes: jóvenes que idealizan la vida criminal, que creen que portar un arma es símbolo de respeto, que consideran normal arriesgar la vida por dinero rápido. Esa visión distorsionada no sólo pone en peligro su futuro, también alimenta la cadena de violencia que tanto daño ha hecho al país.
Es aquí donde la iniciativa cobra una relevancia fundamental: no se trata solo de una medida legal, sino de una postura moral. Cerrar el paso a la impunidad digital es reconocer que defender a las nuevas generaciones es defender el futuro de México. Y esta lucha, como bien señala Torres Cofiño, debe librarse no sólo en las calles, sino en las pantallas.
La propuesta también expone un reto político: veremos si los legisladores de Morena están del lado de los jóvenes o del lado de la propaganda criminal. Porque esta discusión no es meramente jurídica, es una prueba de fuego para quienes dicen defender al país, pero callan frente al avance digital del crimen.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿queremos un México donde nuestros hijos encuentren oportunidades reales o un México donde las narcopromesas digitales marquen su destino? La respuesta debería ser obvia. Por eso, respaldar esta iniciativa no es un acto partidista, es un deber con la juventud y con el futuro de la nación.
