Sentencia de muerte
Jessica Rosales
La aprobación del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal al Congreso en la que incluye la Ley General de Comunicación Social está dejando a su paso los primeros estragos de lo que muchos ya llaman una sentencia de muerte para medios de comunicación y el fin de carreras periodísticas con el despido masivo que ya comenzó a darse en varias entidades del país.
Dicha Ley que modifica el gasto gubernamental de publicidad, pasándolo de 3 al 0.1 por ciento del presupuesto impide a los estados gastar más allá de tope generado, lo que implicará en el país conclusión de convenios, cierre de empresas y contribuye a la precariedad con la que ya operaba el ejercicio periodístico.
Ahora, los reporteros no solo tendrán bajos salarios, no tendrán empleos, pues esto obliga a las empresas de medios a prescindir de gran parte de su plantilla, ajustar procesos, incluso desaparecer ediciones impresas para migrar de manera definitiva a la operación digital.
Si bien es que lo ideal es que los medios de comunicación no dependan del pago de publicidad gubernamental, en muchos casos no existen otras opciones pues el sector empresarial y de comercio también se ha visto ahogado por el negro panorama económico que desde hace varios años se observa en el país.
Para una parte del gremio periodístico dicha Ley se trata de la imposición de los caprichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien intolerante con las críticas y cuestionamientos hacia su gobierno lanzó una ofensiva tratando de ahorcar a las empresas, pero al final del día son los reporteros y sus familias quienes ya no tendrán los suficientes ingresos para el sustento diario.
Con ello busca que sólo la voz del Presidente sea escuchada, que la población no pueda acceder a información de sus errores, solo de sus aciertos, para que no cuestione ni exija lo que se debe demandar a todo gobernante.
Al momento podría no darse la dimensión de la gravedad de este tema, pues no existen pronunciamientos de organismos nacionales o internacionales de prensa al respecto. Sin embargo, lo anterior busca acabar con las empresas de medios, por lo tanto, con espacios en donde la gente, lea, vea y escuche la información.
Y aunque podría ser una frase trillada, lo cierto es que una sociedad bien informada es una sociedad libre y con democracia.
El presupuesto para publicidad oficial no solo no se reduce a la mitad, es muchísimo menor, por lo que estados y municipios no podrán excederse y muchos medios solventar sus plantillas. Pero además llega otro dilema ¿A qué medios se les contratará para dicha publicidad? ¿Cómo decidir quién puede o no acceder a dichos contratos?
No sólo en la parte de medios existe en este momento un panorama crítico, la industria tabacalera, el sector restaurantero y otros han recibido un duro golpe a su economía con la Ley General del Control del Tabaco que consideran excesiva, además, ni siquiera pasó por el Congreso porque se trata de un decreto oficial.
Esto ocurre, no porque se le entregue el poder a un solo grupo político, sino a un grupo de fanáticos políticos sumisos a la 4T que no reflexionan ni analizan el impacto que pueden tener sus decisiones en las familias mexicanas, muchas condenadas a la pobreza por caprichos, venganzas e intolerancia de un gobierno de cuarta.
@jesyrosales
