Jessica Rosales
Bots & fosas: ¿Qué investiga el Gobierno?
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha demostrado una extraordinaria capacidad para el análisis de datos. No precisamente para resolver crisis de seguridad o desapariciones forzadas, sino para detectar campañas en redes sociales. Mientras la presidenta asegura que no tiene información suficiente sobre el centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, su administración ha sido capaz de desglosar con precisión milimétrica un supuesto ataque digital en su contra y en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El estudio presentado por Infodemia en “La Mañanera” es un ejemplo perfecto de cómo el gobierno decide dónde poner sus esfuerzos. Según esta investigación, entre el 12 y el 17 de marzo se gastaron alrededor de 20 millones de pesos en una campaña negativa contra Sheinbaum y AMLO, desplegada por 147 mil 200 cuentas bots que generaron 1.3 millones de menciones. ¿Cómo llegaron a estas cifras con tanta exactitud? ¿Cómo pueden rastrear con lupa la procedencia de cada cuenta, su historial de publicaciones y hasta sus afinidades políticas, pero no pueden explicar cuántos cuerpos han sido encontrados en el rancho de Teuchitlán ni quiénes fueron sus verdugos?
Es más, el informe asegura que la mayoría de estas cuentas “bots” han promovido en el pasado etiquetas a favor del PRI, PAN y PRD, y hasta identifican con precisión la distribución geográfica de los perfiles: México, Colombia, España y Estados Unidos. El mensaje es claro: las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla del discurso presidencial. Mientras la indignación crece por el hallazgo de fosas clandestinas, el aparato gubernamental prefiere enfocarse en identificar a usuarios de X que critican a Sheinbaum.
¿Es esto un problema de prioridades? Absolutamente. Mientras en Teuchitlán las familias de desaparecidos lloran ante las imágenes de hornos clandestinos y restos calcinados, la presidenta usa el aparato del Estado para justificar que las críticas hacia ella no son legítimas, sino parte de una conspiración orquestada por la oposición.
Lo más grave es la incongruencia de su discurso. Cuando se le cuestiona sobre el centro de exterminio, responde que no tiene datos suficientes, que aún no se sabe cuántas personas fueron asesinadas ahí, que el caso está en investigación. Pero cuando se trata de su imagen en redes sociales, su equipo es capaz de ofrecer reportes detallados con cifras, porcentajes, localización y tendencias. ¿De verdad es más importante perseguir hashtags que esclarecer un crimen atroz?
Si el gobierno tuviera la misma eficiencia para rastrear a los responsables del horror en Teuchitlán que para detectar “campañas sucias”, el país no estaría sumido en la crisis de impunidad en la que se encuentra. Pero no. En lugar de priorizar justicia, la estrategia presidencial parece ser la victimización: culpar a la oposición, desviar la conversación y minimizar el problema.
La pregunta central es: ¿justifica esto las omisiones y posibles complicidades en el caso de Teuchitlán? ¿Se puede aceptar que el gobierno, en lugar de esclarecer el destino de cientos de desaparecidos, prefiera enfocar recursos y tecnología en identificar a críticos en redes sociales?
El caso Teuchitlán es un recordatorio brutal de la violencia que impera en México, pero también de la indiferencia gubernamental. La administración de Sheinbaum nos ha mostrado que puede seguir la pista digital de cualquier tuitero incómodo, pero no la de los desaparecidos. Un millón de menciones en X tienen para ellos más peso que los cuerpos encontrados en un rancho del horror. Y eso es, sin duda, el mayor reflejo de su fallida prioridad.
