Federico Berrueto
Una de las muchas bajas de la polarización, además de la verdad ha sido la imparcialidad. A lo más que se puede aspirar es a la suma de parcialidades que no es imparcialidad, es pluralidad. Esto queda de relieve en las palabras del pasado viernes de la presidenta Sheinbaum; para efectos prácticos dice que Morena se quedó con el Poder Judicial porque la oposición no participó. Imparcialidad es un valor superior del buen gobierno y es un objetivo, una aspiración toda vez que es difícil alcanzarla. Lo mismo sucede en el periodismo, aunque el de corte militante hace de la parcialidad punto de partida y perspectiva. Para todo da la libertad de expresión, no así el gobierno, el que debe orientarse en beneficio de todos, del interés general.
Desde luego que un gobierno y una mayoría parlamentaria tienen un mandato y una orientación política particular avalada por el voto, pero no significa que deben actuar en beneficio de una parte, en la que militan; se deben al voto ciudadano, no a su organización y entraña un compromiso con el interés general, con gobernar para todos, sin discriminar ni excluir. De cualquier manera, la política partidista es expresión de parcialidad por origen y cuando se apropia o se confunde con el gobierno se vuelve medio para la causa propia.
En democracia la manera de conciliar parcialidad con interés general es que éste prevalezca, y una manera de lograrlo son los espacios de profesionalismo en el servicio público, como el servicio de carrera. Toda democracia diferencia los ámbitos propios de la política, de aquellos que son propiamente técnicos, de la administración y gestión técnica e imparcial de los asuntos. El problema es que en México todo es política, hasta el policía del crucero se asume parte de la política o al menos que le beneficia o afecta.
Diferenciar política de burocracia no necesariamente implica volver irrelevante a quien gobierna, al contrario. Quien llega al poder y cuenta con un equipo de profesionales, con experiencia y lealtad al servicio público es un activo mayor para alcanzar los resultados que el político pretende. No está por demás subrayar que el desarrollo de un servicio de carrera requiere estabilidad laboral, promoción por mérito y respeto.
La devastación emprendida por el obradorismo ha afectado fatalmente a la profesionalización del servidor público. Para este movimiento no sólo todo es política, sino que los que estaban representaban al conservadurismo, la corrupción y la traición a la patria. Del reconocimiento obligado con facilidad se transitó a la condena y repudio. El único sector excluido de la calumnia y del juicio negativo generalizado fue el Ejército y algunas entidades como el INEGI y el BANXICO, otras fueron encapsuladas con propósitos clientelares o electorales, como el magisterio, no así los médicos, mucho menos las organizaciones civiles. De allí en delante todo señalado como cáncer a extirpar, incluso lo más decoroso como era el INE, el Poder Judicial Federal o la UNAM. Por cierto, en aras de la parcialidad la presidenta ya anticipó una reforma al INE para tener un órgano sin consejeros independientes, incómodos al poder.
La parcialidad se impuso, con una cuota elevada de prejuicio y de respaldo social porque para muchos estar en el gobierno significaba participar en la corrupción. Hasta donde se pudo se purgó el gobierno y, para efectos prácticos, desapareció el servicio civil. Se pasó de la promoción por concurso o mérito a la discrecional designación a partir de una supuesta lealtad donde preparación y experiencia no valen, y es la evidencia misma de ineptitud e inconveniencia. Una destrucción en las entrañas mismas del gobierno en la que se vino imponiendo la mediocridad, la corrupción y la parcialidad y que ahora hace del país uno de los más corruptos del mundo a pesar de las pretensiones y prédicas de quienes gobiernan.
Todo esto es necesario hacerlo presente por el futuro que le depara al Poder Judicial Federal, uno de los casos más exitosos de profesionalismo, lealtad institucional, calidad de servicio e imparcialidad. A lo largo de tres décadas los ministros, con alguna excepción, revelan integridad irrefutable y ejemplar calidad de desempeño. Lo mismo puede decirse de la abrumadora mayoría de magistrados y jueces hoy defenestrados, calumniados y abandonados. Lo que viene es a imagen y semejanza de quienes se han apropiado de las instituciones de la República y que en los hechos han demostrado desprecio por la legalidad y por la ética del servicio público que es gobernar para el interés general del país y no para reafirmarse y reproducirse en el poder.
