Federico Berrueto
La futura presidenta ha emitido la consigna a su militancia de defender la reforma judicial. Curioso caso, ganaron la elección y prevalecieron en la encuesta, ¿para qué enviar a los militantes a defender algo resuelto a nivel popular? Lo importante es la discusión calificada, batalla imposible de ganar, aunque también se advierte que los militantes analistas hacen su parte para obedecer la consigna.
¿Realmente creen que acabar con el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia resolverá el problema de la justicia o que el objetivo de mejores jueces se logrará mediante su elección por voto directo?
Que los militantes apoyen las tesis de sus líderes es común, situación distinta para quienes tienen información y supuestamente capacidad de análisis. Se hace presente una evidente deshonestidad intelectual y falta a la verdad, como señalar que los ministros designados bajo el esquema vigente son corruptos o sometidos al presidente que los designa. La realidad es que el Poder Judicial Federal es un espacio institucional no exento de problemas o fallas, pero en su balance es de desempeño ejemplar, especialmente si se compara con otras instituciones. Por cierto, en la categoría de instituciones con igual valoración positiva están el INE, IFETEL y IANI, amenazados con desaparecerlos y la CNDH antes de ser colonizada por el obradorismo.
No es cierto que los ministros hayan sido parciales y corruptos. El mismo Arturo Zaldívar fue propuesto por Felipe Calderón y no se puede decir que actuara como esperaba el mandatario que lo propuso. Son muchos los ministros que han llegado a la Corte desde que se reformó en 1994 y hay evidencia sobrada de que la abrumadora mayoría cumplieron plenamente con el perfil profesional y el nivel de desempeño esperado.
Ha habido excepciones, sin duda. Peña Nieto no debió proponer a Eduardo Medina Mora, de capacidad profesional, pero su cercanía personal y afinidad con el grupo gobernante le hacía inviable. Fue una excepción. También fue el caso de López Obrador al proponer a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz. Al menos los tres casos tuvieron el voto calificado del Senado; el desacierto no fue sólo del presidente. Ejemplo extremo de imposición presidencial es Lenia Batres, que destaca no sólo por sus elementales limitaciones profesionales, también por su parcialidad. Aquellos que critican al sistema vigente para avalar el de López Obrador, debieran tener presente que a quien defienden es el mejor ejemplo de parcialidad en materia de justicia, por no decir de los asuntos de gobierno.
Un ejemplo más de falta de rigor es invocar la experiencia norteamericana como argumento para la elección de jueces. Al respecto, la organización Brennan Center ha investigado el tema. Cito en extenso parte de las conclusiones del estudio La política de las elecciones judiciales 2019-20, firmado por Douglas Keith:
“Los Estados adoptaron las elecciones judiciales durante los siglos XIX y XX como una solución de buen gobierno a un proceso de selección judicial que no funcionaba. Uno de los objetivos de los reformistas era hacer público el proceso de elección de los jueces y, al hacerlo, reforzar la confianza del público en la independencia de los tribunales frente a los gobernadores, los legisladores, los partidos políticos y los intereses especiales con mucho dinero.
“Las elecciones judiciales actuales… no logran estos objetivos. Las contiendas judiciales modernas se caracterizan, en cambio, por la considerable influencia de grupos de interés inescrutables y de grandes donantes que se presentan ante los jueces cuyas campañas financian discretamente.
“El Brennan Center ha propuesto que los estados se aparten de las elecciones a los tribunales supremos estatales y que, en su lugar, utilicen un sistema de nombramiento con responsabilidad pública para proteger el proceso de la influencia de intereses especiales” (subrayado por FB). https://t.ly/SVqlY.
Las conclusiones y las recomendaciones ratifican la preocupación mayor sobre la reforma judicial. En primer término, debe señalarse que en EU el sistema aplica a 38 estados para el ámbito local, no para el federal. Por otra parte, el estudio es concluyente, el sistema de elección compromete la imparcialidad de los juzgadores y propicia el financiamiento subrepticio de quienes tienen interés en una justicia a modo. Si eso ocurre en EU con un régimen de fiscalización riguroso y con cultura de la legalidad, qué no esperar en México donde el mismo presidente afirma: no me vengan con eso de que la ley es la ley.
