Federico Berrueto
Observadores de los asuntos públicos han hecho propia la calumnia aquella de que el Poder Judicial era la expresión misma de corrupción y parcialidad. No fue el caso, y la mejor prueba fueron las decisiones de jueces, magistrados y ministros no favorables al gobierno y también de poderosos intereses económicos. La justicia no es perfecta, en ninguna parte, pero la evaluación externa al sistema de justicia federal era muy positiva, considerablemente superior a los órganos jurisdiccionales locales, las fiscalías o los otros poderes federales.
Es común que quien no es favorecido por una decisión judicial culpe al juez por supuesta incompetencia, venalidad o parcialidad. Es difícil reconocer que no se tenía razón o que se tuvo una deficiente defensa, siempre es fácil culpar al árbitro. La liberación de muchos presuntos criminales ocurre, casi siempre, por la irregularidad en la detención o la deficiente integración de la carpeta acusatoria, en no pocos casos negociada por los detenidos con las fiscalías. Al juez se culpa de la conducta de otros. En el pasado la desesperación llevó a proponer que los jueces pudieran suplir o corregir la actuación de los acusadores, un hecho que desnaturaliza la función jurisdiccional al volverlo parte. El juzgador resuelve a partir del expediente y no por su actuación en tareas de policías, ministerio público, unidades técnicas o fiscales.
La calumnia -y su tamaño- se corresponde a la necesidad política del Ejecutivo de destruir al Poder Judicial Federal. Fue inaceptable que el presidente López Obrador mintiera sobre la integridad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todavía peor, que se sintiera traicionado por aquellos por él propuestos que actuaron con imparcialidad y resolvieron sobre la inconstitucionalidad de actos del gobierno o resoluciones legislativas como fue la de militarizar a la seguridad pública, acción que representa el mayor retroceso conocido. En México, desde su origen se consideró que las fuerzas castrenses debían actuar en función de su naturaleza que es la salvaguarda de la soberanía nacional.
López Obrador fue el gran destructor del edificio republicano. Su afán por militarizar llevó a modificar la Constitución para acabar con el primer párrafo del artículo 129 que establecía: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La seguridad pública se confundió con la seguridad nacional, dejando al país expuesto frente a amenazas mayores; no está por demás señalar que en el mundo democrático hay consenso de que las tareas de policía no pueden estar en manos de militares. El cambio no guarda precedente. El país ha pasado por mucho, ningún dictador se había atrevido a modificar este principio fundamental para las libertades y las garantías individuales, más allá de que representa una traición a la postura histórica de la izquierda.
La calumnia ganó; muchas personas hicieron propio el embuste. Así ocurrió, en parte por ignorancia y algunos por comodidad. Los más no saben distinguir que es justicia federal y justicia del fuero común, tampoco saben que policías, ministerios públicos, la investigación criminal y el sistema carcelario están en manos del Ejecutivo o de entidades supuestamente autónomas, pero que operan en función del interés del gobernador o presiente de la República, según el caso.
Acusar sin probar es la marca de la casa. La presidenta Sheinbaum afirma que los ministros son corruptos. El señalamiento es grave por su investidura, aunque bien se sabe que en estos tiempos no hay diferencia entre la arenga partidista y las responsabilidades de jefa de Estado. Hacia los criminales ha habido cuidado y, a veces, hasta comedimiento, también hacia el presidente Trump y sus halcones, no así para referirse a los juzgadores, siempre en abstracto, nunca acompañado de una denuncia con elementos de prueba. Calumnia interesada, del mismo tamaño de la necesidad de justificar el absurdo de una reforma sin precedente en la historia ni en el mundo. Calumnia y mentira como decir que en EU se eligen a los juzgadores. Nunca a los del ámbito federal, muchos estados lo hacen y la valoración es claramente negativa por la merma de la independencia y autonomía del juzgador, como lo ha acreditado el Brennan Center for Justice. https://www.brennancenter.org
El tamaño de la calumnia es la misma de la sinrazón de una reforma que destruyó uno de los pilares de la República, el más digno, el más relevante para frenar el abuso al poder al amparo de la Constitución.
