El Poder Judicial y las indemnizaciones pendientes
José Vega Bautista
La periodista Jeanette Leyva Reus, en su columna Moneda en el Aire, ha señalado que las primeras semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) han estado no sólo en el centro de atención por la forma en cómo se integró con “elecciones de ‘acordeón’”, sino también por la actuación de los nuevos ministros, los equipos entrantes y desde luego, la llegada de “perdedores” que están siendo rescatados e integrándose a esta nueva era de justicia nacida del “voto popular”.
“Pero más allá de que seguiremos viendo decisiones interesantes o trascendentes, (ya iremos comentando algunas), siguen movimientos interesantes, como era normal y natural, el nuevo presidente Hugo Aguilar sacó de su ponencia a toda la gente de Norma Piña y, aunque llegaron algunos elementos como Vidulfo Rosales, exabogado de los normalistas de Ayotzinapa, como secretario de Estudios y Cuenta, resulta que lo que era la ponencia de Alberto Pérez Dayán se integró a la del nuevo presidente, lo que da más de 90 puestos, además de que se mantuvo la mayor parte del equipo de Pérez Dayán, lo que sin duda también es un elemento positivo, ya que muchos de ellos tienen experiencia comprobada y los estudios requeridos. Rosales, si bien es muy conocido por defender diversas causas en Guerrero, y de derechos humanos, las opiniones sobre su labor son muy extremas, ahora en ese cargo se verá su profesionalismo”, dijo en su análisis, Leyva Reus. (elfinanciero.com.mx)
Por otra parte, ante la crítica a Hugo Aguilar, quien fue señalado por tener más de 100 asesores, la Suprema Corte señaló que reducirá la plantilla de asesores en un 40% a partir del 1 de octubre, así como personal de seguridad adscrito a la Presidencia.
En su mensaje, el presidente de la Corte destacó que, entre las nuevas medidas adoptadas, se reducirá el personal de seguridad adscrito a la Presidencia e incrementarán la frecuencia y duración de las sesiones en el Pleno, las cuales ahora se realizarán cuatro días a la semana en distintas regiones del país. También informó que se dará atención prioritaria y personalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, aseguró que él no sueña con viajes, carros o bienes materiales.
En rasgos generales, así inicia la actividad la Suprema Corte. Pero a mí me gustaría, en esta entrega, recordar alguno de los pendientes a los que también tendrían que poner atención en esas oficinas: el pago de las liquidaciones.
Existe mucha preocupación de cientos de jueces y magistrados, en retiro, por la falta de certeza sobre el pago de las liquidaciones que les corresponden.
Cabe señalar que La Reforma Judicial dispone que los juzgadores que concluyen su encargo —por declinar a participar en la elección judicial o no resultar electos— tienen derecho a un pago extraordinario, sin embargo, la entrega de esos recursos aún no les ha llegado.
El magistrado Juan José Olvera, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), ha reconocido que hay una situación de incertidumbre entre los jueces y magistrados salientes por no tener claridad de cómo será la entrega de recursos.
“En el deber ser, con las reglas que ellos pusieron, la Reforma Judicial estableció montos de liquidaciones y fuente de los recursos, pero la voluntad de pago está en duda», sentenció Olvera quien, junto con el gremio judicial, analiza acciones legales a realizar.
La Reforma Judicial también establece que esas liquidaciones, así como «las demás prestaciones a que tengan derecho», serán cubiertas con recursos federales que resulten de la extinción de fondos, fideicomisos, «mandatos» o contratos análogos del Poder Judicial de la Federación.
Como un argumento más de su solicitud de pago, los magistrados y jueces federales que pasarán a situación de retiro recordaron que sus designaciones fueron obra de la carrera judicial, por lo que cuentan con “una sólida experiencia” y lograron tener cargos que se consideraban inamovibles después de someterse a estrictas evaluaciones por seis años consecutivos.
De manera complementaria, los magistrados y jueces subrayaron que el artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales. Sin embargo, alertaron sobre una acción que consideran cuestionable, relacionada con la disposición de fondos de fideicomisos que deberían utilizarse para cubrir estas indemnizaciones. Esta medida, afirman, pone en entredicho el respeto a la Constitución, el estado de derecho y los principios que inspiraron la reforma judicial.
“La justicia debe prevalecer sobre intereses particulares o políticos, y es esencial restablecer la confianza en las instituciones que tutelan los derechos de todos los ciudadanos.” (aristeguinoticias.com)
Así inicia la nueva Suprema Corte de la Nación con el gran reto de proteger los derechos de las personas trabajadoras y sus familiares.
@Pepevegasicilia
