-Con información e imagen de El Heraldo de Saltillo
Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Saltillo, Coahuila.- Luego de que durante la madrugada de este martes fueran detenidos el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, y su hermana, la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, tras un altercado con elementos de seguridad en aquella región, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que la actuación de las corporaciones policiacas se realizó dentro del marco legal y que el proceso correspondiente continúa su curso.
En entrevista, el titular de la Fiscalía General del Estado explicó que los hechos ocurrieron entre las 2:30 y las 3 de la mañana, cuando elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal detectaron un vehículo aparentemente blindado que circulaba a exceso de velocidad.
Indicó que, como parte de los protocolos habituales de seguridad, los agentes marcaron el alto a la unidad para solicitar identificaciones y realizar una revisión preventiva.
“Respecto a este incidente que sucede aproximadamente entre 2:30 y 3 de la mañana, en un tramo de la carretera estatal, el tramo número 22; los elementos entre Municipales y Policía Estatal identifican un vehículo aparentemente con un blindaje que iba a exceso de velocidad. Como es rutina se hace el alto a ese vehículo y se le solicitan identificaciones como en cualquier hecho normal”, señaló.
Trascendió que el conductor de la unidad, identificado como trabajador de los hermanos Flores Guerra, se negó a descender del vehículo, situación que derivó en la movilización de más elementos de seguridad; posteriormente, Antonio y Tania arribaron al lugar e intervinieron para impedir la revisión del vehículo en cuestión.
“Impiden la revisión de este vehículo, abordan el vehículo al que se le había hecho el alto y arrancan; ocho kilómetros más adelante son detenidos. Hay algunos insultos por parte de ellos a la autoridad, el impedimento de que la autoridad pueda hacer una revisión”, comentó.
El entrevistado enfatizó que la actuación policial no obedeció a motivos personales o políticos, sino al cumplimiento de las funciones de vigilancia y seguridad.
“Aquí no es ningún tema personal, es que la policía tiene que actuar con ese vehículo y cualquier otro que vaya transitando por aquí y te hacen un alto”, agregó.
Asimismo, informó que tanto el legislador como la ex alcaldesa recuperaron su libertad poco antes de las 6 de la mañana, una vez concluidos los dictámenes médicos correspondientes, no encontrando el consumo de estupefacientes o de alguna bebida alcohólica, y tras la intervención de su representante legal.
“Es importante señalar que en todo momento se les permitió el acceso al representante legal de estas personas; finalmente se ponen en libertad con fundamento en lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos, en el Artículo 140. Continúa el proceso, pero están en libertad”, explicó.
El fiscal subrayó que el caso envía un mensaje claro sobre la aplicación de la ley en Coahuila, independientemente de la posición o responsabilidad pública de las personas involucradas.
“Aquí lo importante es mandar un mensaje. No importa si al momento tienes un cargo de elección popular, una función pública, un ciudadano que labora en la iniciativa privada, un estudiante, cualquiera; aquí es un estado de orden, un estado de paz. Así sean diputadas, diputados, funcionarios o no funcionarios, si la autoridad hace un llamado para hacer una revisión porque considera sospechoso, hay que hacer caso a la autoridad. De eso no te protege ni el fuero, ni el puesto, ni ningún cargo”, expresó.
Fernández Montañez recordó que las corporaciones de seguridad realizan revisiones con base en las características o conductas observadas en los vehículos, sin conocer previamente la identidad de sus ocupantes.
“Cualquier corporación, incluso las corporaciones federales que nos acompañan en todo momento, cuando ven un vehículo que no identifica a simple vista a los ocupantes. Pasa a exceso de velocidad o infringiendo el reglamento de Tránsito o sin placas, inmediatamente hacen el alto”, dijo.
Finalmente, sostuvo que la autoridad tiene la obligación de dar seguimiento a las denuncias derivadas de posibles amenazas o agresiones verbales contra los agentes.
“Nosotros tenemos que concluir el proceso porque ante amenazas, ante insultos, nosotros tenemos que mantener el orden; de eso se trata a final de cuentas”, concluyó.
