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A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria para combatir los altos índices de violencia en el país, datos oficiales muestran que en esta administración el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más homicidios dolosos, sino hacia aquellas gobernadas por Morena.
El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que refirió que, de enero a agosto de 2022, seis entidades registraron 10 mil 108 víctimas de homicidio doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).
Según la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades del país, se trata de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de homicidio doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).
En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refiere que entre las seis entidades con mayor despliegue militar se encuentran la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su conjunto suman 21 mil 990 soldados en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar ubicado en tareas de seguridad pública.
De esas entidades, solo Michoacán —donde gobierna Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021— se encuentra entre las seis más violentas del país. Guanajuato y Baja California, que ocupan los lugares uno y dos en víctimas de homicidio doloso, están en los sitios ocho y 13 en cuanto a despliegue militar.
La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y elementos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico.
Estos números se dan a conocer mientras en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus aliados para extender hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.
Ayer, el Senado determinó pausar el debate del tema y regresar el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa cuándo se reanudará el proceso.
6 de cada 10 víctimas de homicidio doloso mueren por arma de fuego
Otro dato que arrojó el SESNSP en su informe mensual refiere que seis de cada 10 víctimas de homicidio doloso reportadas en los seis estados más violentos murieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.
El martes, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que, en el caso de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos, mientras que para el caso de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos parámetros durante tres meses.
De manera desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en cuatro de los estados antes mencionados se registró un descenso en víctimas de homicidio doloso, Michoacán y Baja California no siguieron esa tendencia. Por el contrario, aumentó el número de víctimas por arma de fuego.
En el caso de Michoacán, el aumento fue más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo periodo de 2022, mientras que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.
Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que una de las principales razones por las que son asesinados tantos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen de Estados Unidos.
Por esta razón, desde agosto de 2021 el gobierno de México mantiene un litigio legal internacional en contra de la empresa Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.
Durante las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han solicitado el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que desde 2005 protege a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses frente a demandas civiles.
Sin embargo, debido a que fiscales generales demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que países como Antigua y Barbuda y Belice, el caso ha podido avanzar y se encuentra actualmente en espera de fecha para juicio.
Cifra negra y falta de reparación de daño
Pese a que las cifras del SESNSP son utilizadas por el gobierno federal para presentar avances en materia de seguridad pública y por organizaciones civiles para realizar análisis de la incidencia delictiva, diversos expertos en la materia han criticado que exista una cifra negra de diversos delitos provocada por las mismas autoridades.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, considera que el país tiene una problemática muy fuerte en procuración de justicia y que este problema se repite de forma sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que finalmente son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, dijo en entrevista.
“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la reparación del daño. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de algún delito tuvieron una reparación del daño sin importar cuál habría sido el tipo de reparación. Es decir, del tipo económico o material. No tenemos ninguna métrica en este sentido”, expuso.
Lo anterior, en su opinión, es causado en gran medida porque “los despliegues del Ejército, como se ha mencionado en distintas ocasiones, son despliegues de presencia disuasiva; o sea, realmente no hacen labor de investigación ni desarticulación de redes criminales”.
Por eso —en una entrevista previa—, advirtió que extender hasta 2028 la presencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para generar “falsa confianza” entre la ciudadanía.
“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en contra de los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la seguridad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de manera político-electoral, pero ahora que son gobierno están sufriendo el desgaste y los estragos que produce entre el electorado el tener guerra de cárteles”, dijo.
(Con información de Animal Político)
