En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en este sexenio ha habido avances en las investigaciones del caso, pero al mismo tiempo persisten trabas que impiden el acceso a la justicia.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, centrado en el seguimiento realizado de 2019 a 2022, y si bien reconoció que hay avances en las investigaciones, concluyó que persisten demoras injustificadas, obstáculos y ocultamiento de información, entre otras irregularidades.
De acuerdo con el informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento, lo más preocupante es que, “pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.
En conferencia de prensa desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y relatora para México, fue más allá al asegurar: “Hoy está claro, frente a los avances, que tienen contrapuestos unos preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso”.
Autoridades de seguridad nacional, uno de los mayores desafíos
Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió públicamente compromisos en relación al esclarecimiento del caso. Incluso, mencionó su resolución entre una de sus primeras 100 promesas de gobierno. Al asumir el poder, ordenó la conformación de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (Covaj).
Adicionalmente, desde marzo de 2021, ordenó garantizar el acceso de autoridades de la Covaj, así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a las instalaciones militares y navales para la consulta de archivos.
Sin embargo, en su investigación, la CIDH observó que en estos cuatro años “la entrega de la información ha sido en varias ocasiones realizada de forma tardía y solo fue posible con la intervención directa del presidente de la República y después de reiteradas solicitudes del GIEI”.
Por ello, concluyó que el acceso y la entrega oficiosa de información, documentos y archivos en posesión de autoridades de seguridad nacional “continúan representando uno de los mayores desafíos para el esclarecimiento de los hechos”.
“Esta situación evidencia que, incluso ante un escenario favorable en el que se cuenta con el respaldo político del más alto nivel, persiste un contexto que dificulta la efectividad del derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las familias. Resulta alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado”.
Más aún, la CIDH encontró preocupante la atención diferenciada de los requerimientos de la Covaj y el GIEI frente a la actividad ministerial de la Unidad Especial para el caso (Ueilca), más tomando en cuenta que esta es la única autoridad con capacidad para judicializar carpetas de investigación.
Según lo observado por la CIDH, piezas de archivo de órganos de seguridad e inteligencia habrían sido entregadas a la Covaj y el GIEI. Sin embargo, ante las solicitudes de la fiscalía especializada de dichos documentos, “estas no habrían sido proporcionadas o su existencia habría sido negada”.
Esa diferenciación —concluye el informe— y los resultados dados a conocer de forma individual o en conjunto hacen que la CIDH vea necesario que el Estado determine una política comunicacional que dé cuenta de los avances en torno al caso y evite que la información divulgada pueda generar contradicciones entre autoridades.
“Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, que no estén adecuadamente verificadas y corroboradas”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, al hablar en conferencia de prensa frente a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Salida de fiscal especial, parteaguas en la investigación
El 26 de junio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la creación de la Ueilca, dirigida por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, que entre sus mayores logros frente al organismo tuvo la identificación de restos óseos de al menos tres estudiantes.
No obstante, y a pesar de contar con la plena confianza de las y los padres, el 27 de septiembre pasado se dio a conocer su renuncia, luego de que la propia FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la Ueilca había conseguido y entre las que se encontraban las de mandos militares.
En principio, la Ueilca es la unidad especial responsable de las investigaciones relacionadas con el caso, tareas que ha realizado mediante la concentración de la investigación, la producción probatoria y el establecimiento de líneas de investigación.
“Resulta preocupante el desplazamiento de la Ueilca para efectos de la judicialización del exprocurador (Jesús) Murillo Karam, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión por parte de otra unidad fiscal ajena a los pormenores de la investigación. Este tipo de situaciones puede afectar la independencia de la Ueilca y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, dice el informe.
Por ende, entre sus recomendaciones, la CIDH señala que el Estado debe hacer un análisis pormenorizado de los hechos denunciados y, en caso necesario, “adoptar medidas concretas para encauzar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos”.
“(Estas situaciones) constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener y que es parte del deber de investigar, con debidas diligencias, estos hechos que determinaron la salida del titular de la Ueilca y de los agentes ministeriales que tenían ya un vasto conocimiento de las investigaciones, lo que a su vez hoy puede estar afectando la continuidad y las experticias en el manejo del caso”, agregó la comisionada Arosemena.
Finalmente, si bien la CIDH reconoció una mayor judicialización de los hechos, concluyó que la dispersión de procesos en diversos juzgados genera obstáculos.
Desde hace años, los familiares de las víctimas y sus representantes han insistido en que se encargue en una sola autoridad judicial el conocimiento de todos los procesos relacionados con el caso, asunto que no ha sido del todo resuelto por el Poder Judicial.
Esto ha llevado a que en su informe la CIDH identificara “decisiones judiciales que cuestionan la calidad de delito continuado de la desaparición por una aparente contravención con el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, y se han observado demoras en el reconocimiento de tribunales competentes para la judicialización”.
Sobre este último punto, Mantilla pidió no olvidar que “Ayotzinapa no es un caso aislado, es un caso que se enmarca en una situación estructural de violaciones a derechos humanos y desapariciones. Pero para lograr (resolver) eso, se necesita independencia, sin duda, de poderes”.
Arosemena señaló que es importante recordar que el Estado debe generar evidencia que demuestre jurídicamente la existencia de este contexto de criminalidad que es preexistente en Guerrero y el conflicto latente entre los grupos ilegales.
(Con información de Animal Político)
