Francisco Treviño Aguirre
Mercado energético vs. soberanía: el dilema de la nueva estrategia eléctrica
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, un plan ambicioso que busca garantizar la electrificación universal en México mientras fortalece el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este plan no solo redefine la participación estatal y privada en el sector, sino que también introduce nuevos conceptos como la «Justicia Energética» y la transición hacia energías limpias. Pero ¿es esta estrategia un avance hacia la soberanía energética o una regresión hacia un modelo centralizado?
El punto central de la estrategia es la consolidación de la CFE como el actor dominante en la generación eléctrica. Se establece que la empresa estatal mantendrá el 54% del mercado, dejando el 46% restante a la inversión privada, pero bajo reglas claras y con limitaciones en su operación. Esta medida busca revertir los efectos de la Reforma Energética anterior, periodo en el que la generación privada aumentó significativamente. Según el gobierno, la planeación energética se había debilitado en esos años, favoreciendo a privados en detrimento de la CFE y elevando los costos para los consumidores. Pero ¿garantizar el predominio de la CFE es la solución? Para algunos expertos, esto podría traducirse en menor competencia y menos incentivos para mejorar la eficiencia y calidad del servicio.
La Estrategia Nacional del Sector Eléctrico se fundamenta en cuatro pilares: 1). – Fortalecimiento de la planeación energética: Se recupera la capacidad del Estado para planear y regular el crecimiento del sector. 2).- Justicia Energética: Se prioriza la electrificación de comunidades marginadas y la reducción de costos para los más vulnerables. 3).- Sistema eléctrico robusto, confiable y seguro: Se busca garantizar la estabilidad y sostenibilidad del suministro. 4).- Reglas claras para la inversión privada: Se establecen límites claros para la participación de empresas privadas en generación.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que es sustituida por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esta nueva entidad absorberá funciones clave como la regulación de tarifas, el otorgamiento de permisos y la supervisión del Mercado Eléctrico Mayorista. Esto concentra mayor poder en el gobierno, lo que podría agilizar procesos, pero también generar preocupaciones sobre transparencia y eficiencia. Otro aspecto relevante es el ajuste en la generación distribuida y el autoconsumo. Se eleva el límite para generadores exentos de 0.5 MW a 0.7 MW, y se establece que la CFE tendrá preferencia de compra sobre los excedentes de energía generados por privados. Este punto podría desalentar la inversión en pequeñas plantas solares y eólicas, al reducir la libertad de venta de energía en el mercado.
El gobierno enfatiza su compromiso con la transición hacia energías limpias. Se proyecta que para 2030, México tenga una demanda de 64,979 megawatts de generación eléctrica basada en energías renovables. Como parte de este esfuerzo, se instalarán paneles fotovoltaicos en hogares del norte del país y se fomentará el uso de cocinas limpias para reducir la dependencia de la leña. Sin embargo, la falta de incentivos claros para inversiones privadas en energías renovables podría limitar el crecimiento del sector. La transición energética requiere un balance entre participación estatal y privada, y este nuevo esquema podría inclinar demasiado la balanza hacia la CFE, con el riesgo de ralentizar la innovación y el despliegue de nuevas tecnologías.
Hoy por hoy, la nueva estrategia energética de México es, sin duda, una transformación profunda del sector. Mientras que sus objetivos de garantizar el acceso a la electricidad y fortalecer la soberanía energética son loables, el riesgo de un modelo centralizado plantea interrogantes sobre su eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. El predominio de la CFE podría significar estabilidad, pero también podría frenar la competencia y desincentivar la inversión privada en energías limpias. Además, la desaparición de la CRE y la creación de la CNE reflejan una concentración de poder que podría generar preocupaciones sobre regulaciones sesgadas. En un mundo donde la innovación y la eficiencia juegan un papel clave en el sector energético, México enfrenta un dilema: ¿es posible equilibrar el control estatal con un ecosistema que fomente la inversión y la transición energética? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro energético del país en los próximos años.
X:@pacotrevinoa
