Francisco Treviño Aguirre
2025 inicia con reformas fiscales: ¿Justicia comercial o proteccionismo?
El 2025 comienza con una reforma que impactará significativamente el comercio electrónico en México. A partir del 1 de enero, entró en vigor un arancel del 19% para productos importados a través de plataformas en línea y servicios de paquetería de países con los que México no tiene tratados comerciales, como China. Esta medida, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y tiene como objetivo equilibrar el mercado y promover una competencia justa para las empresas nacionales. La nueva normativa afecta especialmente a plataformas digitales extranjeras como Shein y Temu, populares entre los consumidores mexicanos, así como a servicios estadounidenses que, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrán aranceles ligeramente menores. En el caso de productos importados desde Estados Unidos, el impuesto será del 17% para aquellos con un valor entre $50 y $117 dólares, mientras que los bienes con un costo menor a 50 dólares estarán sujetos al arancel completo del 19%.
Además de los aranceles, la reforma introduce nuevas obligaciones fiscales para las plataformas digitales y de servicios, como Airbnb, que deberán registrarse ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), emitir facturas y contar con firma electrónica. Estas exigencias buscan cerrar lagunas fiscales y regular de manera más estricta las operaciones de empresas extranjeras que anteriormente no pagaban derechos aduaneros, especialmente aquellas provenientes de países sin acuerdos comerciales con México. Según el gobierno, estas medidas buscan evitar prácticas comerciales desleales y fortalecer la posición de las empresas nacionales frente a la competencia internacional.
No obstante, el alcance de esta reforma no se limita a equilibrar el mercado interno. Existe un componente geopolítico en la decisión de México de implementar estos aranceles y requisitos fiscales. Durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta un 25% a los productos mexicanos si no se adoptaban medidas más estrictas para controlar la migración. Así, esta medida puede interpretarse como una estrategia para mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, reduciendo tensiones y promoviendo el cumplimiento de compromisos bilaterales. Sin embargo, también podría percibirse como una decisión proteccionista que incrementa los costos para los consumidores mexicanos y complica la competitividad del país en la economía digital global.
Las plataformas digitales, principalmente aquellas de origen chino, serán las más afectadas debido a la ausencia de acuerdos comerciales entre China y México. Tiendas como Shein y Temu, conocidas por ofrecer productos a precios accesibles, podrían enfrentar una disminución en su competitividad dentro del mercado mexicano, dado que los nuevos costos probablemente se trasladarán a los consumidores. Por otro lado, los servicios estadounidenses, aunque también impactados, podrían beneficiarse del marco del T-MEC, que les otorga condiciones fiscales más favorables. La implementación de estos aranceles también afecta a los servicios de alojamiento y experiencias como Airbnb, que ahora deberán cumplir con las mismas obligaciones fiscales que las empresas mexicanas, asegurando así un piso parejo.
A pesar de los argumentos gubernamentales sobre la equidad y la necesidad de fortalecer el comercio nacional, esta reforma ha generado un debate sobre sus posibles efectos adversos. Por un lado, podría incentivar el consumo de productos y servicios locales, beneficiando a las empresas mexicanas que han luchado por competir con gigantes extranjeros. Por otro lado, los consumidores podrían enfrentar mayores costos en productos y servicios importados, limitando su acceso a opciones asequibles y de calidad. Además, las empresas extranjeras podrían considerar menos atractivo el mercado mexicano, lo que afectaría su disposición a invertir en el país.
La medida también refleja un esfuerzo por adaptarse a las tendencias globales de regulación del comercio electrónico, que busca combatir la evasión fiscal y garantizar que las empresas contribuyan equitativamente a las economías donde operan. Sin embargo, la implementación de estas políticas en un país con una economía tan interconectada como la de México puede ser un arma de doble filo. Si bien se promueve la justicia comercial, existe el riesgo de que los consumidores y pequeños comerciantes sean quienes sufran las consecuencias directas de los nuevos costos e impuestos.
Hoy por hoy, las nuevas obligaciones fiscales para plataformas digitales representan un cambio significativo en la regulación del comercio electrónico en México. Aunque estas medidas buscan fortalecer la economía local y garantizar una competencia más equitativa, también podrían tener consecuencias imprevistas para los consumidores y la posición de México en el mercado global. Este movimiento plantea preguntas sobre el balance entre la protección de los mercados internos y la apertura hacia la economía digital internacional. ¿Será esta reforma un paso hacia el fortalecimiento económico o un obstáculo para la globalización e innovación?
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