jueves 13, junio, 2024

Atención a diabetes, salud materna y VIH tendría alza presupuestal menor al 1%, según proyecto de presupuesto 2023

LaOtraPlana.com.mx

El gobierno planea dar solo un incremento marginal a programas enfocados a mantener la salud y el bienestar de la población sin seguridad social, como Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, Prevención y Control contra las Adicciones, Salud Materna Sexual y Reproductiva, Prevención y Atención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad, que tendrían un aumento de menos de 1% en su presupuesto para 2023. 

 

El Programa de Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, a cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y de la Dirección General de Promoción de la Salud, que busca contribuir a la consolidación de las acciones de prevención y control de los problemas de salud derivados de estos tres padecimientos y de las enfermedades no transmisibles relacionadas como hipertensión y cardiovasculares, tiene apenas un aumento de 0.9%, en términos reales, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). 

En 2022, este programa tuvo un presupuesto de 582 millones 306 mil 187 pesos. Para 2023, si los diputados no hacen modificaciones al PPEF, quedará con 616 millones 226 mil 349 pesos. 

La diabetes es la tercera causa de muerte entre los mexicanos, mientras que la primera son las enfermedades del corazón, ligadas a sobrepeso, obesidad e hipertensión, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud y el INEGI. 

El Programa Prevención y Atención contra las Adicciones, que comparten los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), y que cuenta con unidades de hospitalización para atender a pacientes con alto grado de intoxicación —a través de acciones médicas, psicoterapéuticas y otras actividades de rehabilitación—, tendría un incremento en términos reales de apenas 0.2%. 

Con esto, el programa pretende alcanzar una cobertura preventiva de 7.45% del total de la población de seis a 11 años y de 18 en adelante, en los lugares donde tienen presencia los CIJ. El monto también debería alcanzar para que la Conadic se enfoque en reducir la presencia de factores de riesgo para la salud, como consumo del tabaco, alcohol y drogas, a través de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, además de conducir las Comisiones Estatales y las Unidades Médicas Especializadas y Centros de Atención Primaria a las Adicciones.

En julio pasado, Gady Zabicky, titular de la Conadic, alertó que de 2013 a lo que iba de 2022 se había incrementado 500% el consumo de cristal en el país, una droga altamente adictiva y tóxica. 

Olvidadas madres, personas con discapacidad y con VIH

Para el Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que tiene como prioridad la reducción de la mortalidad materna, así como la salud perinatal y el impulso de estrategias para promover el derecho a una vida libre de violencia y al aborto seguro, a la planificación familiar y a la prevención de enfermedades, habría un aumento en 2023 de apenas 0.6% en términos reales. 

Este programa tuvo en 2022 un presupuesto aprobado de 2 mil 121 millones 800 mil 210 pesos y para 2023 se propone que ese monto sea de 2 mil 240 millones 078 mil 101 pesos. 

Durante 2021 se registraron 23 mil muertes fetales. Estas corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10 mil mujeres en edad fértil; 83.5% de esas muertes ocurrió antes del parto, 15.3% durante el parto y en 1.2% de los casos no se especificó.

También el Programa de Atención a Personas con Discapacidad tiene para el PPEF 2023 un aumento de solo 0.6%. Este debería promover y fortalecer la inclusión social de las personas con discapacidad y en el ejercicio fiscal 2023 pretende proporcionar bienes o servicios a 14 mil 838 personas, a través de subsidios para la instrumentación de 32 proyectos. 

Mientras, el Programa de Prevención y Atención del VIH y otras ITS, que tiene el objetivo de lograr que los Servicios Estatales de Salud satisfagan la demanda de necesidades de prevención, detección y atención integral del VIH e ITS, así como evitar la transmisión del virus y mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH, apenas contaría también con un aumento de 0.6%. 

Este programa tuvo en 2022 un presupuesto de 482 millones 813 mil 189 pesos y para 2023 la propuesta son 509 millones 835 mil 637. 

De acuerdo con datos del INEGI para 2021, 3 mil 731 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad por VIH o alguna complicación generada por esta.

Otra vez lo mismo

De 2021 a 2022, todos estos programas también tuvieron incrementos marginales de menos de 1%. Esto es preocupante, dice Judith Senyasen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), porque son aumentos “que acaban siendo invisibles para toda la necesidad y carencias que hay en la salud de la población, sobre todo la que no tiene seguridad social y a la que van dirigidos estos programas”. 

Janet Oropeza, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señala que, por ejemplo, en el caso de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, la disminución al presupuesto podría impactar aspectos como anticonceptivos, planificación familiar, acceso al aborto y atención a la violencia sexual. 

Respecto del Programa de Obesidad, Sobrepeso y Diabetes, la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas señaló en un comunicado que, actualmente, la mayor presión al Sistema Nacional de Salud, las finanzas públicas y la economía de los hogares mexicanos proviene de estos padecimientos, que crecen aceleradamente no solo por el envejecimiento de la población, sino también por los factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco en la población joven, así como por factores genéticos.

Por ello, la red exhortará a la Cámara de Diputados a priorizar en el presupuesto la atención integral y centrada en las personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

(Con información de Animal Político)

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