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Saltillo, Coahuila.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó la creación de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila, planteada por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores del PVEM, a fin de establecer una coordinación entre estado y federación para supervisar las condiciones operativas de dichos establecimientos y garantizar una atención integral, ética y profesional a las personas con consumo perjudicial de sustancias psicoactivas o con adicción.
Como parte del análisis de la iniciativa, se contó con la participación de organismos autónomos como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, así como diversas dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila, las cuales, en congruencia con el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, aportaron sus opiniones y observaciones. Asimismo, destaca que esta iniciativa fue suscrita por toda la LXIII Legislatura, lo que refleja el consenso transversal sobre la urgencia de intervenir en un fenómeno que ha derivado en violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas que buscan apoyo frente al consumo perjudicial de sustancias psicoactivas.
Entre las disposiciones que establece la iniciativa aprobada, se prohíbe cualquier forma de internamiento forzoso o coercitivo, por lo cual se garantiza el consentimiento informado como requisito indispensable para cualquier ingreso o tratamiento. Además, se establecen lineamientos para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los establecimientos y se refuerza la obligación de notificar ingresos y egresos ante el Ministerio Público.
Por otro lado, se armoniza la legislación estatal con los estándares federales y con las guías, lineamientos y manuales emitidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
“Nuestro estado ejercerá su competencia para supervisar los establecimientos que atiendan a personas con consumo perjudicial de sustancias psicoactivas y con adicción, y para ello, articulará a través de un órgano colegiado la actuación de diversas dependencias y organismos públicos autónomos estatales en el ámbito de salud, seguridad, procuración de justicia, derechos humanos, desarrollo social y protección civil, sin invadir competencias federales ni duplicar funciones” menciona el dictamen.
De esta manera, se busca garantizar que la operación de esos establecimientos se realice en condiciones de seguridad, legalidad, respeto a los derechos humanos y calidad técnica.
