-Con información de Vanguardia.
Ciudad de México.- En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador espera que el próximo 15 de septiembre se publique la reforma al Poder Judicial.
Por lo que celebró que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial en 18 Congresos estatales.
“Ya en todos estos estados (18) ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los Congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de diputados, la de Senadores, con mayoría calificada más la mitad más uno de los estados ”, indicó.
“Se requiere 17, de esa manera ya se legaliza el proceso, nada más falta la publicación que eso corresponde al titular del Ejecutivo, sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima”, señaló.
El mandatario dejó en claro que con esta reforma judicial, se reafirma que en México “hay una auténtica democracia”.
“Que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución tiene derecho a votar y ser votado, y esa es la democracia representativa, y al mismo tiempo democracia participativa”, dijo.
López Obrador refirió que va a esperar a que los Congresos de los estados terminen de decidir si aprueban o no la reforma.
“Vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los Congresos locales”, puntualizó.
Por ser una reforma constitucional, la reforma judicial requería el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, lo que ya se consiguió. Ahora requiere de más de la mitad de los 32 congresos estatales, es decir 17.
En algunas de las votaciones en las legislaturas locales se han registrado manifestaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho.
La reforma ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.
