FRANCISCO J. DE LA PEÑA
JACOBO, EL AMENAZADO
En torno a la supuesta amenaza de muerte que en redes sociales habría recibido el alcalde Jacobo Primero de Piedras Negras, han surgido al menos cuatro versiones: La primera, que la amenaza es real y se deriva del conflicto que JACOBO RODRÍGUEZ tiene con el gerente de SIMAS, LORENZO MENERA; la segunda, que la amenaza proviene de algún amigo o “patrocinador” al que Jacobo le había prometido negocios en cuanto llegara al poder y no le ha cumplido.
La tercera versión sostiene que la amenaza estaría relacionada con el tema de la “amiguita” venezolana con la que Jacobo fue detenido durante varias horas cuando intentaba cruzar la frontera en altas horas de la noche —o más bien primeras de la madrugada—; y la cuarta, que la amenaza fue tan solo una cortina de humo creada por el propio Jacobo, destinada a desviar la atención en torno a su errático desempeño como alcalde y el fiasco en que se convirtió la kermés de pueblo que organizó la semana pasada.
Sea como sea, el fiscal FEDERICO FERNÁNDEZ no es de los que deja a la deriva un asunto tan serio como lo es una amenaza de muerte, por lo que seguramente las investigaciones pronto darán más luz al respecto.
AVANZA NUEVA CARRETERA
De camino a una gira de trabajo por las comunidades rurales de Saltillo, donde puso en marcha los programas agrícolas 2025, el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ pudo constatar el notable avance que lleva la ampliación a cuatro carriles de la carretera Saltillo-Zacatecas en el tramo que va de la “Narro” al entronque a la zona industrial de Derramadero, en la cual el gobierno del estado invierte casi 500 millones de pesos. Lo que el Gobierno Federal no pudo hacer en muchos años de sacarle la vuelta al bulto, lo está haciendo MANOLO JIMÉNEZ en apenas unos cuantos meses, desde que el tramo se convirtió en competencia estatal.
NADA DE SHOPPING
La comitiva que acompañará a TOMÁS GUTIÉRREZ en el viaje que realizará a Mercedes, Texas, para firmar el acuerdo de hermanamiento con aquella ciudad, partirá de Ramos Arizpe el viernes 6 de junio muy temprano por la mañana —fecha en que se llevará a cabo la trascendental ceremonia—, y al día siguiente, sábado 7, ya estarán de regreso. Van a lo que van. Nada de shopping, paseos por el mall o visita a los outlets. Ni siquiera una parada técnica en HEB o en Wal-Mart. Si acaso, ya de regreso, llegarán por unas hamburguesas al Whataburguer, para no tener que parar en Los Ahijados ni para ir al baño. Ya ve usted que en Nuevo León y en Tamaulipas el horno no está para bollos, así es que más vale que se regresen directo para no correr riesgos innecearios.
Ahora bien, si alguno de los invitados a la ceremonia tiene ganas de quedarse en Texas hasta el domingo, tendría que ser por cuenta propia y con sus propios recursos, porque de parte del municipio sólo van a recibir lo necesario para acudir al evento y nada más, como debe de ser.
Lo que si está en la agenda del alcalde es una visita al cuerpo de bomberos y otra a la planta de tratamiento de agua de la ciudad hermana, con la idea de compartir experiencias que puedan ser de utilidad en Ramos Arizpe.
VALE MÁS UN MAL ARREGLO
El diferendo entre el empresario saltillense HÉCTOR HORACIO DÁVILA, y la alcaldesa de General Cepeda, MAYRA RAMOS, va a seguir dando mucho de que hablar hasta que ambas partes se acerquen a negociar.
El tema está así: Héctor Horacio es dueño de un terreno en General Cepeda, dónde existe un pozo de agua con un caudal importante, el cual es explotado por el municipio. Sin embargo, ni HH ni el gobierno municipal tienen título de concesión expedido por CONAGUA; de tal forma que, por lo pronto, la extracción de agua es ilegal.
HH pide que se le pague una renta, ya que el pozo es de su propiedad, así como el equipamiento y el terreno en el cual se ubica. Esto me parece justo. No pide que le paguen el agua, porque esa no es de él ni de nadie. Pero la alcaldesa, seguramente mal asesorada, no le quiere pagar porque argumenta que el empresario no es dueño de la concesión. Eso es cierto, pero en cambio sí es dueño del pozo y del terreno, por lo que legalmente si procede que se le pague.
Si HH quisiera, podría cerrarle a Mayra el acceso al pozo, y estaría en su derecho de hacerlo, aunque ello implica que todo el pueblo se quedaría sin agua, lo cual detonaría un grave problema social. Otra alternativa es que el municipio perfore su propio pozo en otro predio, pero eso costaría muchos millones de pesos que el gobierno municipal no tiene. Y además, no hay garantía de que el nuevo pozo tenga agua, y menos aún de que tenga el mismo caudal que el pozo del HH. De tal forma que, la solución más sencilla, es que lleguen a un “mal acuerdo” que sea benéfico para ambas partes, en lugar de seguir enfrascados en un “buen pleito” en el que todos salen perdiendo.