Se parecen mucho
Julián Parra Ibarra
Ignacio Ovalle Fernández, es un político mexicano cuya carrera en el servicio público la desarrolló en su mayoría en gobiernos priistas, entre ellos una diputación federal plurinominal de 1994 a 1997, tras lo cual se había retirado de la vida pública, hasta que en agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador lo invitó para que al iniciar su gobierno, se hiciera cargo de un nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), algo así como un híbrido de lo que fueron Diconsa y Liconsa, que a su vez fueron creadas tras la desaparición de la Conasupo.
En su nuevo cargo, permaneció hasta abril de 2022 –cuando fue sustituido por Leonel Cota Montaño- tras detectarse serias irregularidades, actos de corrupción entre los que se menciona una supuesta adquisición de 7 mil 800 toneladas de azúcar que Diconsa habría comprado a una empresa denominada Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. pero que nunca se pudo comprobar que la dependencia gubernamental las hubiera recibido –aunque sí pagado-.
En septiembre de 2022, la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer públicamente los manejos fraudulentos en Segalmex, de Ignacio Ovalle. El presunto monto de lo defraudado a la dependencia gubernamental asciende a los 17 mil millones de pesos, cantidad superior en tres veces a lo que representó la famosa ‘Estafa Maestra’, caso que habría llevado a prisión durante tres años a Rosario Robles Berlanga, la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, acusada de desvío de fondos públicos por un monto de alrededor de 5 mil millones de pesos.
En el caso de la Sedatu, se fue directamente contra la cabeza, contra la secretaria, la titular de la dependencia. En el de Segalmex, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 22 órdenes de aprehensión, así como la detención de Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, acusado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado –aunque este jueves ya fue liberado ‘por falta de pruebas’-, todo ello como consecuencia de esa adquisición simulada de las toneladas de azúcar que Diconsa nunca recibió, es decir, aquí no se actuó en contra de la cabeza, del responsable del organismo defraudado.
Entre las posiciones que Ovalle Fernández tuvo a lo largo de su carrera en los gobiernos priistas –en los sexenios de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid con quien fue embajador de México en Argentina y en Cuba-, fue director de la Conasupo en la administración de Carlos Salinas de Gortari; esto es, que ya tenía experiencia en este tipo de dependencias.
En el caso de Segalmex, no sólo no se investiga a quien era su director en el momento de los desvíos y malos manejos, sino que se le premió al enviarlo como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, para alejarlo del ojo del huracán, para tratar de protegerlo del escándalo por corrupción que se dio cuando él era el responsable de la institución defraudada.
Pero no sólo es eso, sino que la protección para Ovalle Fernández incluye una defensa del propio Presidente -pero con argumentos que resultan pueriles-, ya que si bien el principal inquilino de Palacio Nacional admite que Ovalle propuso a un grupo de personas para integrar su equipo de colaboradores –y por tanto responsable de sus acciones y actitudes-, dice que fue engañado por quienes él mismo recomendó y llevó para conformar su equipo de trabajo.
Admite ya saben quién, que Ovalle Fernández recomendó “a puros priistas de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios” ¿Y de dónde más podría recomendar si él toda su vida fue priista? ¿A poco el director de Segalmex no conocía a quienes recomendó y llevó a trabajar con él? ¿Si él sabía que eran ‘priistas de malas mañas acostumbrados a robar’ como dice el presidente, por qué no lo llevan también ante la justicia para que responda por ese desvío de casi 17 mil millones de pesos que provocaron sus principales colaboradores?
El mayor adjetivo que Ignacio Ovalle recibió durante la defensa presidencial fue que ‘se confió’. Si por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos Rosario Robles –de lo que terminó siendo exonerada- pasó tres años en prisión, cuántos le corresponderían a Ovalle Fernández por el desvío de 17 mil millones.
Lo bueno es que en este país ya no hay corrupción, y este gobierno no es tapadera de nadie, porque no son iguales, no se les puede comparar con los de antes, ‘porque eso sí calienta’, diría López Obrador. ¿Y luego?
Pues para no ser iguales, se parecen mucho.
@JulianParraIba
