La burra no era arisca
Julián Parra Ibarra
De acuerdo con la calendarización del registro de líneas telefónicas celulares, este sábado 15 de agosto serán suspendidas aquellas con terminación en ‘cero’ que no hayan sido vinculadas a la CURP o RFC de las personas titulares de la misma.
Según datos oficiales, en México hay 144 millones de líneas móviles activas, de las cuales se llevan registradas 68 millones, por lo que faltarían por hacerlo unos 76 millones más. Se estima que este 15 de agosto, podrían quedar suspendidas entre 4 y 8.7 millones de líneas.
De acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de este jueves, no hay una disposición para la cancelación definitiva e inmediata de las líneas que no hayan sido vinculadas por sus usuarios y cuya terminación sea en cero, pero sí que serán suspendidas, y los usuarios podrán reactivarlas una vez que se cumpla con el trámite correspondiente.
Según el gobierno federal, esta disposición es con la finalidad de reducir los delitos cometidos mediante teléfonos móviles, como fraudes y extorsiones, descarta que el objetivo sea aplicar una vigilancia a los ciudadanos, y que el registro forma parte de una estrategia preventiva. “Si están registrados los chips, vamos a tener menos fraudes, menos extorsiones”, afirmó la presidenta.
Previamente había rechazado que con esta disposición el gobierno busque tener el control de todas las personas, “el gobierno no guarda los registros, los guardan las empresas de telefonía celular”, y aseguró que, aunque se siga un delito, la autoridad solo podrá acceder al registro a partir de la orden de un juez.
Sin embargo, la mayoría de los mexicanos que cuenta con un teléfono móvil desconfía de las promesas gubernamentales porque existen antecedentes que sustentan esa desconfianza. Ahora es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) la instancia gubernamental a través de la cual se coordinan con las empresas de telefonía tanto para el registro de los datos, como para implementar la suspensión de la línea en caso de incumplir con la disposición gubernamental.
Así como en estos momentos son el fraude y las extorsiones los delitos que registran los más altos índices, y la mayoría de las llamadas salen de los centros penitenciarios en los que los gobiernos federal y estatales no han logrado nunca –por omisión, complicidad, falta de capacidad o las tres al mismo tiempo-, tener el control en los centros penitenciarios, donde se supone –y solo se supone, porque la realidad indica otra cosa-, no se permite el ingreso y menos el uso de teléfonos celulares.
A finales de la década de los 90 México padecía de un alto número de robos de vehículos, y supuestamente para tener un control de todos los autos que circularan en el país, el congreso aprobó la Ley del Registro Nacional de Vehículos (Renave); el gobierno encabezado entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León licitó el servicio y otorgó su operación a la empresa Concesionaria Renave S.A. de C.V.
La resistencia ciudadana iba en varios sentidos: la inscripción en el Renave era obligatorio y tenía un costo para los automovilistas, lo cual fue percibido una imposición obligatoria e injustificada, pero lo que más preocupaba era la entrega de datos personales a una empresa privada. El gobierno desoyó e ignoró –como ahora-, los reclamos ciudadanos.
En agosto de 2000, con ocho meses de haber entrado en vigor, estalló el escándalo porque investigaciones periodísticas revelaron que el director general de la empresa concesionaria, era Ricardo Miguel Cavallo, conocido como ‘Sérpico’ o ‘Ricardo’, un ex militar represor de la dictadura argentina, quien era buscado por la justicia de España y el juez Baltasar Garzón por desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos durante el régimen militar argentino.
‘Sérpico’ fue detenido en agosto de 2000 en el aeropuerto de Cancún cuando intentaba huir hacia Argentina, fue extraditado a España y posteriormente trasladado a su país, donde fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Actualmente tiene 74 años y sigue recluido cumpliendo su condena de cadena perpetua.
Tras el escándalo, Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Comercio de México y quien había tenido que ver con la licitación del concesionario, fue hallado muerto, aunque la versión oficial es que se había suicidado debido a la presión generada por el escándalo. El gobierno mexicano terminó por decretar la desaparición definitiva del Renave en septiembre de 2000.
En dos momentos distintos, en 2013 el padrón del entonces IFE, con la base de datos de 93.4 millones de ciudadanos fue subido y ofertado a través de Internet; en 2018 el padrón se ofertaba a través de Mercado Libre por 2 mil pesos.
Esos son los antecedentes de cuando instancias gubernamentales o empresas concesionarias, reciben los datos de los ciudadanos mexicanos. Por eso es la resistencia y por tanto la desconfianza a registrar sus celulares, con todos los datos personales de cada usuario. La burra no era arisca, la hicieron
X= @JulianParraIba
