Momento de hacer un alto
Julián Parra Ibarra
El asesinato de un joven mientras estaba bajo la custodia de los Tribunales Administrativos ha conmovido a la sociedad lagunera por como se desarrollaron los hechos que desembocaron en su homicidio, al parecer a manos de custodios que tenían la obligación y el compromiso de resguardarlo durante su estancia en las instalaciones de los Tribunales, presuntamente por haber cometido una falta administrativa.
Quizá sea este el momento en que las autoridades de las distintas dependencias municipales que tengan que ver con la atención de delitos o faltas administrativas, sean auditadas de manera estricta en su proceder con los ciudadanos, sobre todo con los jóvenes que como dijeran éstos mismos, son con los que se dan más baño.
La revisión debiera incluir los antros de distintos rumbos de la ciudad, pero quizá con mayor énfasis en los ubicados en el conocido como el Paseo Morelos, con cuyos propietarios y personal de seguridad privada que opera en los mismos existe alguna complicidad o contubernio con las corporaciones policiacas para amedrentar, someter y detener a los jóvenes que se exceden de copas o que por alguna circunstancia entran en discusión con otros clientes o con meseros, cantineros o vigilantes de los lugares.
Entre todos los implicados, manejan el ‘negocio’ para extorsionar –no se le puede llamar de otra manera- a los jóvenes para que estos eviten ser detenidos o al menos llevados a Tribunales en el peor de los casos; en el mejor –para todos, especialmente para los policías-, se logra llegar ‘a un arreglo’, los ‘chavos’ son liberados, y los agentes resultan beneficiados llevando algunos billetitos a sus carteras personales.
Con muchísima frecuencia y en casi todos los antros, cuando ven a los chicos pasados de copas, los meseros suelen ‘inflar’ las cuentas del consumo, y cuando los jóvenes hacen el reclamo es cuando empiezan los problemas. Los mismos meseros les hacen ‘bolita’ amedrentando a los que se supone que son sus clientes, luego llegan los guarros –disfrazados de personal de seguridad-, que en no menos de una ocasión aún dentro del local, incluso se los llevan a los baños, para darles su ‘calentadita’ y les bajen a los humos de sus reclamos.
La mayoría de las veces para evitarse problemas mayores, los consumidores prefieren pagar las cuentas para no hacer crecer los problemas, aunque estas hayan sido alteradas. Pero para aquellos que no traen los recursos suficientes para cubrir las abusivas cuentas alteradas que les presentan, es cuando entran en acción los policías, quienes en un acto de ‘generosidad’ para evitarles más problemas, les invitan a ‘cooperar’, incluso los acompañan a cajeros automáticos para que hagan los retiros o ir hasta algún domicilio para que alguien les cubra el monto que se requiere para evitar ser consignados, aunque eso no los exime de recibir ‘cariñitos’ y les dejen huellas en sus cuerpos. Ya si no funciona ninguna de las alternativas, entonces son remitidos a los Tribunales Administrativos de donde, para salir, los familiares son ‘desplumados’.
‘Desde arriba’ se tendría que ordenar una auditoría a sus propios elementos, pero de igual manera las autoridades tanto municipales como estatales, deberían llevar a cabo una revisión caso por caso, de los ‘guarros’ de los antros, disfrazados de personal de seguridad, y le aseguro que en más de uno de los casos se van a llevar la ‘sorpresa’ de que cuentan con antecedentes penales.
Se tendrían que revisar el tipo de capacitación que reciben para dar un trato digno a las personas y el respeto a sus derechos humanos porque ¿Quién los avala para que tengan la suficiente capacitación para tratar con personas sobre todo con jóvenes, sin que utilicen el uso de la fuerza? ¿Quién o dónde los han capacitado, y qué protocolos son los que utilizan para el manejo en situaciones de crisis?
Aunque en el reciente caso los hechos de violencia extrema y letal se dieron fuera del antro al que el chico había acudido para festejar su cumpleaños, es una buena oportunidad para hacer una revisión a fondo de los protocolos que se siguen –si es que los tienen; y si es así, si los respetan- para que ni dentro de los establecimientos, ni meseros, ni cantineros, ni personal de seguridad; ni fuera de estos, elementos policiacos o custodios de los Tribunales Administrativos- y den siempre observancia y respeto a los derechos humanos de las personas, sobre todo de los jóvenes a quienes por su inmadurez y fragilidad, son a los que más intimidan, extorsionan y someten.
Como sociedad, es lo menos que podemos exigir a las autoridades, que deben atender este caso –y esperemos que ya no vuelva a haber más-. No puede ser que un instante de alegría de nuestros jóvenes, termine convirtiéndose en una tragedia, la que por cierto de manera mezquina aprovechan muchos políticos para llevar agua a su molino, y golpetear a sus adversarios. Cuánta ruindad.
X= @JulianParraIba
