También la Iglesia al mismo saco
Julián Parra Ibarra
Al igual que sucede con todo aquél que por lo menos opine en contrario a sus ideas, la Conferencia para el Episcopado Mexicano -es decir, la máxima representación de la Iglesia católica en nuestro país-, ya fue incluida en la lista de los adversarios, conservadores, corruptos, que se oponen a ‘la transformación’ en México, según la expresión del principal inquilino del Palacio Nacional.
El Episcopado Mexicano a través de un video difundido a través de las redes sociales, mostró su preocupación en torno a lo que consideró irregularidades en el ya famoso ‘Plan B’ del Presidente. Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia, externó en ese video la preocupación de los obispos por supuestas irregularidades en el proceso legislativo, y el contenido de modificación a diversas leyes electorales.
“Hacemos un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden, respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen nuestro sistema electoral”, dijo Castro Castro en el video.
La respuesta fue, de acuerdo por lo dicho por López Obrador, para su gobierno el único referente de la Iglesia católica con legitimidad, es el Papa Francisco. “Cuando se habla de la Iglesia que está apoyando a un bloque conservador de México, yo digo: ‘No. Esto no tiene que ver con el Papa Francisco”, dijo en la mañanera de este lunes. “Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre ese tema”, subrayó.
Pero si la cosa es con los obispos mexicanos “hay que entender cómolas élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan y se nutren”.
Esta no es la primera ocasión que la Iglesia católica se expresa respecto al tema, ya en noviembre pasado había manifestado su oposición a las reformas electorales, cuando publicó a través de su semanario ‘Desde la fe’ que la iniciativa presidencial buscaba debilitar al Instituto Nacional Electoral, “poniendo en riesgo la democracia y las libertades”.
Este domingo nuevamente se está convocando a la ciudadanía a salir a pronunciarse en contra del llamado ‘Plan B’, y se pretende que la mayor concentración sea nuevamente en la Ciudad de México, partiendo del Ángel de la Independencia, pero ahora sí pretenden llegar –y llenar- el Zócalo capitalino.
Como era de esperarse así y de ninguna otra forma, López Obrador descalifica a priori el movimiento, esgrimiendo el argumento de que la marcha es solo un pretexto de los conservadores para agruparse en contra de su gobierno, y que no es un movimiento ciudadano, sino de los políticos de oposición ‘y algunos potentados corruptos como Claudio X. González’, que buscan conservar los privilegios de quienes, según su punto de vista, abusaron del poder y saquearon e México. “Vienen a poyar porque no quieren que se apoye a los pobres (sic)”, remató.
El multicitado ‘Plan B’ va en dos carreteras paralelas: la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley General de Comunicación Social, ambas de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de la democracia en nuestro país.
Con las modificaciones a la primera, se pretende un debilitamiento estructural del INE al grado de que en los hechos fuese prácticamente inoperante, y poder entonces decidir que sea el gobierno nuevamente quien se encargue de la organización de las elecciones y del conteo de las votos el día de los comicios, como se hacía hace más de tres décadas; incluso en esta ocasión dado que cada vez el Presidente les asigna más labores a los militares, se correría el riesgo que se pudiera definir que fuera el Ejército el encargado de organizar las elecciones.
En el caso de la segunda de las Leyes, es decir la de Comunicación Social, se buscan dos puntos esencialmente: que los gobiernos locales, estatales, municipales, congresos locales y universidades entre otros, no dispongan de los recursos para difundir sus actividades, al reducirles por decreto el presupuesto de comunicación social al 0.1 por ciento.
Pero el otro lado de esta moneda es que, con esa medida, se ahogue a los medios de comunicación para que éstos desaparezcan, y no haya más tribuna que la del Presidente, que su voz sea la única que se escuche; que desaparezcan todas las voces críticas, que no haya ni espacios ni medios para que nadie le cuestione, le critique, le señale. Es estrangular por completo el derecho a la información que todos tenemos como ciudadanos. Y si por ahí quedara todavía alguna voz suelta, por eso era la pretensión de multar a los que ‘injurien’ al presidente.
Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego en la discusión del famoso ‘Plan B’, que llegará hasta donde los ciudadanos permitamos que llegue. Hay que darnos una miradita al espejo de Nicaragua, aunque sea sólo como medida de precaución. Aunque sea por curiosidad.
@Julián Parra Ibarra
