Que se termine hoy
Julián Parra Ibarra
La situación que prevalece en Torreón en materia de seguridad, es algo que debe preocuparnos a todos los laguneros, si bien quienes tienen en sus manos una solución definitiva son los gobiernos estatal y municipal.
Las cosas se empezaron a salir de control luego que un elemento del Grupo de Reacción Torreón que disparó y le provocó la muerte a un joven del ejido Nuevo Mieleras durante un desalojo. El agente fue detenido y vinculado a proceso por homicidio calificado, cometido con alevosía y ventaja, según lo tipificó el juez de control.
Un par de días después, los habitantes de Nuevo Mieleras fueron ‘encapsulados’ por elementos de la misma corporación implicada en los hechos, para disolver el plantón-protesta, que habían establecido en el cruce del Periférico y Bulevar Independencia, justo frente al Giro Independencia.
La semana pasada, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que el ‘caso Nuevo Mieleras’ no estaba cerrado tras la vinculación a proceso del elemento del GRT, sino que la Fiscalía a su cargo habría de citar a diversos funcionarios municipales y mandos policiacos, sin identificarlos ni por nombre ni por cargo para no entorpecer ‘el debido proceso’, pero sí puntualizó que en Coahuila nadie está por encima de la ley, ni ciudadanos ni autoridades, ni mandos operativos, y subrayó que la ley se aplica con firmeza y sin excepciones.
En días recientes, a través de las redes sociales –supuestos- agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, empezaron a difundir denuncias contra los mandos policiacos, incluyendo al titular de la dependencia, César Perales Esparza, a quienes acusan de acoso laboral y extorsión contra los agentes, a los que –aseguran- les exigen una cantidad económica por día, así como un determinado número de infracciones diarias, así como el pago de la reparación de sus patrullas y la compra de sus propios uniformes.
Caso contrario –afirman- son bajados de las patrullas y enviados a zonas de baja velocidad. Incluso agentes femeninas, lanzaron acusaciones de acoso sexual contra mandos medios de la dependencia.
La gota que derramó el vaso, ocurrió este lunes cuando desde temprana hora un grupo de agentes -60 de 700 que componen la corporación, según un comunicado del Municipio- bloquearon el carril lateral del Periférico, justo frente a las oficinas de Seguridad Pública, para exigir ya no solo el presunto acoso laboral y sexual, sino la destitución de los mandos de la corporación.
El secretario del Ayuntamiento, José Ganem, fue enviado para iniciar las negociaciones con los elementos paristas y levantar el bloqueo y el paro, pero hasta el momento de redactar esta columna, todavía no había información del resultado de las mismas. Lo que sí aseguró que el resto de los 700 elementos que integran la corporación mantenían patrullaje en la ciudad, negando que el paro los hubiera obligado a solicitar el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y el mando único.
Sin embargo, los hechos tuvieron repercusión en la capital del Estado, donde el gobernador Manolo Jiménez al término de la reunión de seguridad fue muy contundente al hablar de la situación prevaleciente en Torreón: Esta situación se acaba hoy, sentenció.
Y destacó que la ley es muy clara cuando ocurre una situación como esta, de que se registre un paro por parte de los policías municipales. Aseguró que se puede tener una intervención por parte del gobierno del Estado y por parte del gobierno Federal y del Ejército, y dijo que la preocupación es preservar la seguridad de las familias de Torreón. “Nosotros hicimos un compromiso con ellos (los ciudadanos de Torreón) no tiene por qué ser diferente el modelo de seguridad que se aplica en los otros 37 municipios a lo que hoy en día estamos viendo que sucede en Torreón”.
El mandatario coahuilense dijo que había platicado con el alcalde torreonense, Román Alberto Cepeda y que tendrían una reunión la tarde de este mismo lunes, donde se tomarían decisiones “muy importantes” para darle una mejor salida y solución a la problemática que se ha presentado, y apeló a que, de una vez por todas, “esto se calme, se apacigüe y podamos llegar a buen puerto”.
Ojalá que como lo ofreció el gobernador, este tema se acabe hoy mismo. Porque a nadie le conviene que siga revuelta el agua, ni al alcalde Román Alberto Cepeda, ni al gobernador Manolo Jiménez, pero principalmente, el asunto mantiene en vilo la seguridad de los laguneros, porque por distintas circunstancias, en los días recientes y desde diferentes sectores, se ha venido poniendo el dedo en la llaga, respecto del renacimiento de la inseguridad en la zona de la Comarca Lagunera en ambos lados del Nazas.
Más allá de ambiciones personales o diferendos que no tienen que ver con los ciudadanos, los dos niveles de gobierno lleguen a un entendimiento no para que se vuelvan los super amigos, pero sí para devolverle la calma, la paz, la tranquilidad a los habitantes de La Laguna.
X= @JulianParraIba
