El drama de los desaparecidos
Julián Parra Ibarra
Los hechos registrados en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, ha venido remover enormes heridas nunca cerradas de nuestro territorio nacional, donde el horror y el drama han estado presentes, aunque quizá como nunca dada la forma como las personas eran reclutadas, adiestradas contra su voluntad para convertirse en sicarios, debido a la presión social y a la exposición mediática, nunca los anteriores fueron atendidos como se supone que lo están haciendo en el más reciente caso.
Un par de botones de muestra para mostrar que, con el paso de los años y distintos gobiernos en el poder, México se nos fue convirtiendo en una gigantesca narcofosa, porque difícilmente habrá alguna entidad del país en la que no exista al menos un sitio donde se dispusieron los restos mortales de cientos, de miles de personas.
Uno de ellos, fue el del tristemente célebre ‘Pozolero’, un ex albañil que saltó a la fama cuando al ser capturado en Tijuana en 2009, se conoció que había disuelto en ácido los cuerpos de por lo menos unas 300 personas que le eran entregados, presuntamente por una facción del Cártel de Sinaloa.
En Coahuila tuvimos nuestro propio caso cuando tras la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras –la segunda más grande fuga de reos de cárceles mexicanas-, quedó al descubierto que ese centro penitenciario era controlado por los Zetas –cuyos líderes, el Z-40 y el Z-42, que ya se encuentran detenidos y procesados en Estados Unidos-, que el sitio era una especie de búnker, donde aplicaban blindaje artesanal a vehículos que utilizaban en sus enfrentamientos con el Ejército y las policías de México; ahí tenían una especie de ‘maquila’, donde fabricaban chalecos y uniformes tácticos.
Lo peor es que ahí llevaban los cadáveres de sus rivales -y algunos vivos-, para ser disueltos igualmente en ácido. Se estima que ahí fueron desparecidos los cuerpos de al menos un centenar y medio de personas. Hay quienes dicen que a lo largo de la ‘Rivereña’, la carretera que bordea el río Bravo, que conecta a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estaba ‘sembrada’ de tambos en los que eran disueltos en ácido otros cuerpos.
Desde siempre, es sabido que los cárteles reclutaban con engaños a jóvenes, algunos casi niños, a otros los ‘levantaban’ y los enfilaban contra su voluntad en sus ejércitos de sicarios, siempre bajo la amenaza de en caso de no obedecer, les harían daño a sus familias.
El del Rancho Izaguirre, ha recibido toda la atención, de los grupos de buscadores, de los medios nacionales e internacionales y del gobierno. El tema ha venido siendo abordado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Por la detención de José Gregorio Lastra Armida ‘El Lastra’, se sabe que el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba a hombres de varios estados a través de convocatorias difundidas en redes sociales, supuestamente con ofertas de trabajo muy atractivas como guardias de seguridad en las que se ofrecían salarios de entre los cuatro y los 12 mil pesos semanales.
Se les citaba mayoritariamente en centrales de autobuses, y de ahí, se les trasladaba al rancho Izaguirre donde se les retiraban los celulares pertenencias y documentos personales, los mantenían incomunicados y los sometían a entrenamiento forzado, tanto en el aspecto físico como en el uso de armamento. Quienes no mostraban aptitudes para el trabajo del sicariato o intentaban escapar, eran golpeados, torturados y hasta ejecutados.
Tanto la presidenta como el fiscal, han dicho que el de Teuchitlán, no se les va a convertir en el ‘Ayotzinapa’ de este gobierno y ojalá cumplan con su palabra de llegar hasta el fondo del asunto y sean sancionados quienes por comisión o por omisión, tuvieron que ver con el que el gobierno todavía se niega a aceptar que fue un centro de exterminio.
El asunto puede alcanzar a las pasadas administraciones, estatal de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro; y federal, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Al menos la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal, deberán responder por el cateo que realizaron el año pasado a la finca el año pasado, y en el que aparentemente no encontraron nada, pese a que todo este tiempo se supone que el rancho estaba asegurado.
Hay mucho por descubrir en este caso y sí, se tiene que llegar al fondo y castigar a quienes fueron responsables, del nivel que sean, porque ahora que la presidenta y su gabinete de seguridad se han metido tanto en el asunto, si no dan los resultados que las agrupaciones de buscadores y la sociedad misma de todo el país esperan, se les puede convertir en un problema que en primera instancia no es de ellos, y se les puede convertir en lo que tanto niegan: su ‘Ayotzinapa’.
X= @JulianParraIba
