Juan Antonio Martínez Barrios
Condicionamientos educativos
Llamó la atención el pronunciamiento que la semana pasada hizo ante el pleno del Congreso del Estado el diputado Felipe González Miranda, dirigido a las escuelas de carácter particular, y el anuncio de que tiene en trámite una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación, con los mismos destinatarios.
El pronunciamiento del legislador priista, derivada de quejas y denuncias de padres de familia tiene que ver con las altas colegiaturas y el condicionamiento de la inscripción de los alumnos a la compra de uniformes, útiles escolares y materiales con determinados proveedores, los cuales, muchas de las veces son familiares de los directivos de los planteles o tienen vínculos con ellos.
De acuerdo con González Miranda, se reconoce la autonomía de esos centros educativos, pero “su labor no puede ser desligada del principio de corresponsabilidad social, deben ser sensibles a la realidad económica que enfrentan miles de familias mexicanas, sus retos inflacionarios y el encarecimiento de la canasta básica”. Las cuotas o colegiaturas van más allá de lo permitido. Muchas escuelas condicionan la inscripción a la compras de uniformes, útiles, libros y otros insumos a proveedores exclusivos, restringiendo la libertad de elección de las familias; ese condicionamiento incrementa los costos de la educación, manifestó en su pronunciamiento y advirtió que la Procuraduría Federal del Consumidor establece que las instituciones educativas privadas deben permitir la libre adquisición de uniformes, útiles, libros y materiales que pueden ser de “segunda mano” en buen estado y con ediciones vigentes.
La intención del legislador es loable, pero si esos vicios e irregularidades ocurren en la educación pública, con complicidad entre directivos y representantes de padres de familia. Felipe González hace un llamado a autoridades educativas para que se fortalezcan los mecanismos de regulación y vigilancia para que los montos de las colegiaturas se mantengan en “parámetros razonables”. Tiene en trámite una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación para impedir el condicionamiento a un único y exclusivo proveedor.
La postura anticipada de los colegios es negar ese condicionamiento y más aun, que implique elevados costos, y ponen por delante que los servicios educativos que ofrecen suplen las deficiencias o carencias del estado en la materia.
De cualquier manera esperemos la iniciativa de ley del diputado Felipe González.
