El presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para transformar al Conacyt y darle la facultad de que, de la mano con su Junta de Gobierno —con la participación del gabinete—, defina si los centros públicos de investigación se mantienen o no.
LaOtraPlana.com.mx
La permanencia y continuidad de los 27 centros públicos de investigación del país dependerá de la nueva Junta de Gobierno del Conacyt, que estaría conformada por 15 secretarías de Estado, entre ellas la Sedena, según lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa para expedir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que envió a la Cámara de Diputados.
Actualmente, el funcionamiento del Conacyt se regula a través de su Ley Orgánica, que ya contempla una Junta de Gobierno; sin embargo, la propuesta del Ejecutivo propone que se sumen ocho dependencias y se elimine como requisito el principio de paridad de género y la participación de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Además, se le confieren nuevas atribuciones, como decidir si el trabajo de los centros de investigación es el adecuado en beneficio del país.
De acuerdo con la propuesta, el Conacyt se transformaría en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y su Junta de Gobierno estaría integrada por las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud.
A las sesiones de la junta se podría invitar con voz y voto a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, además de que se podría invitar, con voz pero sin voto, a servidores públicos, académicos, humanistas, científicos, personas tecnólogas, innovadoras y “en general a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, dice el artículo 64 de la iniciativa.
Según el artículo 79, los centros públicos dejarían de ser considerados como tales cuando la junta así lo determine en los siguientes casos:
Cuando, en los hechos, realicen de manera preponderante actividades que no sean investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico o innovación.
Por solicitud que realicen a la dependencia coordinadora de sector y al consejo las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, a partir de los resultados de las revisiones, auditorías y evaluaciones que se practiquen conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por solicitud de la dependencia coordinadora de sector.
Como consecuencia de las evaluaciones correspondientes que se realicen conforme a esta ley.
Por votación unánime del órgano de gobierno del centro público correspondiente.
La posibilidad de que un centro público deje de serlo no es nueva, pues la Ley de Ciencia y Tecnología vigente ya lo contempla en su artículo 61; sin embargo, uno de los cambios más importantes es que la decisión sería tomada por la Junta de Gobierno, conformada por las 15 secretarías mencionadas.
Los centros públicos de investigación conformarían el Sistema Nacional de Centros Públicos, que se convertiría en una herramienta de articulación de recursos, infraestructuras y redes, para “contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable”, detalla el artículo 71 de la iniciativa.
“Se dejó de lado el interés nacional”
Para justificar la propuesta enviada a los diputados, el Ejecutivo dice en 32 cuartillas por qué considera necesario hacer los cambios para consolidar que el “nuevo Conacyt” oriente sus esfuerzos a la atención de las necesidades primarias del país, particularmente en materias relacionadas a salud, medio ambiente y energía.
“Se dejó al lado el interés nacional y la consecución del bienestar social para favorecer intereses individuales mediante criterios utilitarios y elitistas que fomentaron la exclusión social y la tentación de una profunda desigualdad (…) que alentó la fuga de cerebros y con ello la pérdida de una parte significativa del patrimonio intelectual del país”, señala la exposición de motivos.
De 2013 a 2018, el gasto en inversión científica y desarrollo experimental (GIDE) disminuyó del 0.43% al 0.31% del PIB. En 2020, apenas alcanzó el 0.49% del PIB, una cantidad por debajo del 1% que contempla la aún vigente Ley de Ciencia y Tecnología.
La principal causa, argumenta el Ejecutivo, ha sido la “vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado; el financiamiento público a través de fideicomisos y las transferencias financieras hacia empresas privadas”, que durante años impulsaron actividades comerciales.
Además, acusa la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como de la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales los avances en la innovación y la ciencia financiadas con recursos públicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante.
“El cuantioso apoyo público para fomentar el gasto e investigación privada tampoco consolidó la capacidad para abrir nuevos espacios de empleo e investigación para personas con maestría y doctorado en alguna de las ciencias, lo que se comprueba con el dato de que actualmente 400 mil mexicanas y mexicanos de alto nivel de preparación residen en el extranjero”, agrega.
“En general, la desarticulación de los proyectos con las problemáticas nacionales fue evidente. Problemas urgentes para los estados y los sectores, como la desigualdad, la salud, el deterioro ambiental o la corrupción, entre otros, estuvieron prácticamente ausentes de las prioridades de la investigación financiada con el erario de las anteriores administraciones”.
“Simulación”
Según argumenta el gobierno, el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, cuyo reconocimiento sirvió como señuelo del mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por inscripción y colegiaturas.
Agrega también que el otorgamiento de becas de posgrado obedeció a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos y económicos.
Por ello, dice, ahora se busca que los recursos públicos que destine el gobierno se entreguen sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, y se garantice la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritas en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en ciencias y humanidades.
“Esta iniciativa contempla a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación como herramientas para el desarrollo integral de la nación y el bienestar social, es decir, como instrumentos al servicio de la humanidad, no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral, en la generación y conservación de conocimiento, así como sus aplicaciones prácticas”.
El SNI y otras propuestas
Entre los ejes rectores de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Posgrados, de un Sistema Nacional de Centros Públicos, un Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como un Repositorio y un Sistema Nacional de Información.
Además, detalla la conformación del Consejo Nacional que supliría al Conacyt y algunas directrices sobre la evaluación de los académicos que deseen ingresar o permanecer en el SNI, pues ahora, como parte de su evaluación, se consideraría su “comportamiento ético”.
“El ingreso, la permanencia y la promoción en el sistema nacional de investigadores se realizará mediante procesos de evaluación basados en metodologías que garanticen la solvencia y pluralidad epistemológicas de las personas integrantes, acordes con la naturaleza y características propias de las actividades desarrolladas en las diversas áreas de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación”, detalla la propuesta.
“En los procesos de evaluación se considerará el comportamiento ético de las personas solicitantes y se tomará en cuenta e invariablemente la correspondencia de su contribución con los ejes programáticos y de articulación de la política pública”.
El “nuevo Conacyt” daría apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del SNI, siempre y cuando estén adscritas a universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación públicos.
Además, tendría la tarea de promover que las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado otorguen estímulos económicos similares a sus trabajadores, siempre que tengan reconocimiento del SNI.
Luego de darse a conocer la iniciativa enviada por el presidente, colectivos de académicos y expertos en temas científicos exigieron un amplio debate con la comunidad para poder opinar sobre la propuesta.
Este proyecto tendría que haber sido presentado hace dos años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios de cuando se reformó el artículo 3 de la Constitución y se elevó a rango constitucional el “derecho humano a la ciencia”.
(Con información de Animal Político)
