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Golpes, humillaciones, maltrato, castigos y violación sistemática a sus derechos humanos viven quienes se encuentran internados en hospitales psiquiátricos, albergues y centros de atención a personas usuarias de sustancias. En el 90% de los casos, los violentadores son los doctores, trabajadores y/o autoridades de estos espacios.
“La violencia ejercida en los centros de atención a la salud mental, reclusorios, centros de rehabilitación y albergues analizados se caracteriza porque es infligida, en un gran porcentaje, por el personal que labora en dichos lugares. Solo el 10% de las quejas refieren violencia de parte de la población, mientras que el resto están relacionadas con acciones ejercidas por las autoridades”, informó la organización Documenta.
A raíz de las recientes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, las cuales privilegian la atención familiar y comunitaria en donde el internamiento es la última opción, Documenta recuperó los resultados obtenidos en una investigación realizada en 2020 la cual demostró las condiciones indignas y de violencia que viven las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que están internadas en estos centros.
En sintonía con el posicionamiento hecho este martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respaldaron el nuevo modelo de atención a la salud mental el cual, afirmaron, “constituye un primer y significativo paso en el largo camino que queda para lograr que en México existan servicios de atención a la salud mental basadas en la inclusión comunitaria y el pleno respeto de los derechos humanos”.
De acuerdo con las reformas aprobadas a la Ley General de Salud, en el nuevo modelo de atención a la salud mental la institucionalización no desaparecerá, pero sí será el último recurso el cual, es importante señalar, deberá contar con el consentimiento informado del paciente o bien, con la recomendación de un experto en la materia.
Por ello, es que también dispone que en el país ya no se deberá construir ningún otro hospital psiquiátrico y aquellos que ya existen deberán entrar en un proceso de transformación paulatina hasta convertirse en hospitales generales.
“En México, la desprotección que sufre la población institucionalizada ha creado un desequilibrio de poder entre el personal y la población interna, una de las expresiones más documentadas son los actos de violencia sexual acompañados de amenazas, intimidación y humillaciones”, señalan en el informe titulado ¿Por razón necesaria?, violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud Mental en México.
Dado que el ingreso a estos espacios para poder llevar a cabo su investigación fue muy complicado, Documenta optó por analizar y sistematizar solicitudes de información, así como pronunciamientos y recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos del país.
En cuanto a los hospitales psiquiátricos, se ubicaron 68 quejas reportadas, de las cuales 26 (el 38%) están relacionadas con el tratamiento médico recibido; 20 apuntan a hechos de violencia y 12 refieren a acciones que atentan contra la vida de las personas como muertes, intentos de suicidio, suicidios y escapes de los hospitales.
Otras 13 quejas hablan sobre las restricciones a la autonomía de las personas (internamiento forzado), 10 señalan la ausencia de apoyos para la población usuaria y cuatro hacen alusión a las condiciones indignas de los lugares.
De las 13 quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos por internamientos involuntarios, 11 ocurrieron en hospitales psiquiátricos y dos en clínicas de tratamiento de adicciones.
“Para el caso específico de los hospitales psiquiátricos, las personas refirieron que una vez dentro fueron sometidas, sujetadas e inyectadas con algún medicamento. Además, refirieron haber recibido un trato denigrante por parte del personal que las contuvo, lo que da cuenta de que los internamientos involuntarios van aparejados de prácticas violentas que atentan contra la dignidad de las personas”, se lee en el informe.
“Critican reforma desde el estigma”
Víctor Lizama, colaborador del programa de discapacidad y justicia en Documenta, celebró que la reforma a la Ley General en Salud en materia de salud mental atienda los principios y estándares internacionales en derechos humanos, aunque también lamentó que no se haya dado la información suficiente para que la opinión pública pueda comprender la importancia y trascendencia de los cambios.
“Advierto, en lo personal, que estas reacciones negativas hacia la reforma están sustentadas en mucho por los estigmas hacia las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico, por la naturalización de las violencias y de la discriminación y exclusión a las que se enfrentan las personas usuarias de los servicios, particularmente quienes están institucionalizadas”, consideró Lizama.
Ha sido el estigma, agregó, lo que ha ido alimentando el miedo y suspicacias frente a una reforma que detonará un proceso paulatino en el cambio de los servicios de atención a la salud mental con lo que se busca terminar con el ciclo de exclusión, discriminación, violencia y desempoderamiento que viven los usuarios de estos servicios.
“Estos estigmas se ven reflejados en esta frase de ‘los locos a las calles’ (porque) la mayor parte de la población ve como algo inimaginable el pensar que va a convivir con personas que el día de hoy están institucionalizadas y este tipo de lógicas luego terminan naturalizando las violencias que viven estas personas que terminan institucionaliozadas”, reprobó.
Animal Político informó el 3 de junio que contrario a lo que se ha especulado sobre que con las reformas aprobadas se dará de alta a todos los pacientes internados que reciben tratamiento en algún hospital psiquiátrico, la atención a estos pacientes no se verá modificada y mucho menos se cancelará, aseguró Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud federal (Ssa).
Ahora bien, en lo que respecta al acceso a espacios y a profesionales en la salud mental se advierte que, por ejemplo, que la disponibilidad de los servicios de salud mental es muy escasa fuera de los complejos psiquiátricos u hospitalarios, lo cual limita su accesibilidad.
Por ello es que las reformas contemplan que la atención a la salud mental de la población se dé en unidades de primer contacto: centros de salud o clínicas comunitarias, por ejemplo, que cuenten a personal especializado (el cual está en proceso de capacitación, según informó la Secretaría de Salud federal), así como los medicamentos que se requiera. Todo esto a fin de que las personas puedan recibir atención sin tener que desplazarse largas distancias.
De acuerdo con los datos procesados por Documenta, al comparar con otros países de la región los datos sobre el número de personas atendidas en los centros de atención ambulatoria resulta que la mediana en México es muy baja. Solamente 145 usuarios por cada 100 mil habitantes son atendidos en unidades médicas abiertas al público en donde se prestan servicios de salud mental de manera continuada. Esta cifra está lejos de las 588 personas atendidas en Centroamérica y el Caribe, y más lejos aún de las 1,232 personas en América del Sur.
Pasar del modelo asilar al modelo comunitario será una transformación compleja que no solo requerirá tiempo y recursos (aunque los propios artículos transitorios de la ley disponen que no se autorizará presupuesto adicional para llevarlo a cabo), sino que también significará un nuevo entendimiento de la salud mental y de la discapacidad psicosocial e intelectual.
“La idea de esta reforma es detonar un proceso de cambio que comience desde lo normativo y que luego esto tenga implicaciones en los servicios y en la política pública en general. Estamos hablando que las personas usuarias de los servicios puedan vivir en comunidad y también se requiere considerar el derecho de estas personas a contar con apoyos para ejercer estos derechos”, agregó Lizama.
A nivel mundial, según datos del Relator especial sobre salud, se destina menos del 7% de los presupuestos de salud a la salud mental. En México, de acuerdo con el Programa de Atención Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024 se destina el 2%, una cifra muy menor al 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
El pasado 16 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron las reformas a la Ley General de Salud, las cuales entraron en vigor un día después. Desde ese momento las autoridades federales cuentan con un plazo no mayor de 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en las modificaciones, así como actualizar todas aquellas existentes, incluidas las normas oficiales mexicanas en la materia.
(Con información de Animal Político)
