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A casi ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobierno admitió por primera vez de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército. “Fue un crimen de Estado”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El informe de la Comisión de la Verdad también señala que omisiones del Ejército y de la justicia mexicana, así como la pérdida de numerosos testigos clave, han impedido la resolución del caso.
Todas las autoridades sabían
Uno de los puntos clave que reitera el informe es que “todas las autoridades estaban informadas” de los movimientos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el día de su desaparición. Y cuando hace referencia a “todas las autoridades”, el documento puntualiza que se refiere a “Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal y policías municipales”.
El informe expone que todas esas autoridades sabían de la toma de camiones que realizaron los estudiantes con la intención de viajar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre; sabían también del traslado de los estudiantes a Iguala, Guerrero; de su llegada al Rancho del Cura, a la caseta de la autopista a Cuernavaca y a la Central de Autobuses, así como de los hechos de persecución y violencia que ocurrieron antes de la desaparición de los jóvenes.
“Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala”, enfatiza el documento, que recalca que el Ejército y las autoridades gubernamentales de los tres niveles “fueron negligentes”. “Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes”.
Por ello, el subsecretario Encinas denunció que se trata de un “crimen de Estado”.
El Ejército pudo salvarlos
Otro punto clave del informe refiere que el Ejército tenía a un informante al interior de la Normal de Ayotzinapa desde 2012 y que, a pesar de contar con información detallada de los movimientos de los jóvenes, los militares tampoco hicieron nada para evitar su desaparición.
Se trata del soldado Julio César López Patolzin, quien pertenecía al cuerpo de infantería del Ejército desde el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo.
“Tenía que dar seguimiento a las marchas, mítines y a cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”, dice el informe.
El soldado López Patolzin reportaba directamente al teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.
El militar elaboró un informe en el que contó a sus superiores del plan de los estudiantes de asistir el 2 de octubre de 2014 a la CDMX a bordo de autobuses. Sin embargo, su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana, tan solo horas antes de la desaparición de los estudiantes.
El soldado López Patolzin también desapareció junto a los normalistas, sin que a la fecha se tenga noticias de qué le sucedió. El Ejército no lo buscó, tal como es su obligación, de acuerdo con el Protocolo para Militares Desaparecidos. De haberlo buscado y encontrado, también se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, subrayó Encinas.
Testigos fallecidos o asesinados
Un elemento clave que ha entorpecido la investigación del caso Ayotzinapa, a casi ocho años del suceso, ha sido la pérdida de múltiples testigos.
El informe de la Comisión de la Verdad revela que, desde 2014 a la fecha, han fallecido o han sido asesinadas 26 personas clave para obtener información sobre la desaparición de los 43 normalistas. De esas 26 personas, 14 pertenecían al grupo delictivo Guerreros Unidos, implicado en las desapariciones. Tres son familiares de integrantes de Guerreros Unidos, dos son integrantes de otro grupo —Gente Nueva— y siete son testigos involucrados, entre ellos activistas, funcionarios y policías.
Entre los testigos muertos se encuentran personajes fundamentales para la investigación del caso, como Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien había iniciado un proceso de colaboración con la Comisión de la Verdad. Las autoridades reportaron que falleció por COVID-19 en julio del año pasado.
Otra persona fallecida importante es Juan Salgado Guzmán, ‘el Indio’, quien era operador de Guerreros Unidos en la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México. En su caso, el informe señala directamente su muerte como una “ejecución” por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo fallido en Metepec, Estado de México.
“El 22 de septiembre de 2021 inició un fallido operativo para su captura que derivó en un enfrentamiento, en el que se registraron diversas irregularidades, falta de planeación, personal no acreditado, y un uso desmedido de la fuerza, donde, una vez sometido, Salgado Guzmán fue ejecutado”, refiere el informe.
“Un elemento de la policía ministerial dio la orden de ‘tirar’, aun cuando Salgado Guzmán se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el occiso presentó 23 lesiones provocadas por armas de fuego”.
Tomás Zerón da largas
El subsecretario Encinas informó que las autoridades de México mantuvieron los días 16 y 17 de febrero de este año un encuentro con Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien está prófugo de la justicia mexicana en Tel Aviv, Israel.
A Zerón, quien fuera el investigador del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de tortura de varios testigos, desaparición forzada y de delitos contra la administración de justicia.
Según reveló Encinas, la FGR le ofreció a Zerón un “criterio de oportunidad”, es decir, la posibilidad de que se abstuviera de ejercer acción penal en su contra, a cambio de que proporcionara información relevante del caso o de otros posibles implicados. Sin embargo, Zerón rechazó la oferta.
La justicia, otro obstáculo
El informe, además, señala que la “fragmentación” de los procesos judiciales en contra de personas implicadas en el caso Ayotzinapa ha sido otro obstáculo, pues se establecieron “criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley, y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos, en demérito de los derechos de las víctimas”.
A la fecha se contabilizan al menos 28 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación, de las cuales 10 están abiertas en juzgados de Tamaulipas, cinco en el Estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, una en Colima, una en Morelos y una en Querétaro.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia establecer una jurisdicción única, demanda que no ha sido atendida”, apunta el informe.
El documento también destaca que el juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, liberó hasta a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades. Pero lo hizo sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura.
Este juez también liberó a Xóchitl “N”, quien fungía como radiooperadora en el C4 en Iguala la noche de los hechos, argumentando que no había prueba de cargo para vincularla a proceso.
“La verdad histórica alteró los hechos”
Encinas denunció también que la llamada “verdad histórica” entorpeció la búsqueda de los jóvenes y generó vicios en la investigación de las autoridades.
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula”.
Sin embargo, el nuevo informe refuta esta versión, asegurando, por ejemplo, que los jóvenes “nunca estuvieron en Cocula”.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso”, señala el documento.
Otros puntos que refuta el nuevo informe son que, de acuerdo con la “verdad histórica”, los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca. Según la información actual que recaba el informe, los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la CDMX el 2 de octubre.
Según la “verdad histórica”, integrantes de Guerreros Unidos incineraron a los jóvenes en el basurero de Cocula, por tratarse de supuestos integrantes del grupo contrario, Los Rojos. Según el nuevo informe, las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que ‘el Chuky’ (sicario de Guerreros Unidos) les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.
Sin indicios de vida
El subsecretario de Gobernación también expuso que todos los testimonios y las evidencias apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.
A casi ocho años del suceso, solo se han podido identificar los restos de tres de los 43 normalistas desaparecidos.
(Con información de Animal Político)
