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A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.
Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó la Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el documento.
Esto ha desencadenado numerosas protestas durante la última semana. Afuera de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), manifestantes y policías se enfrentaron, con un saldo de 11 elementos heridos. En el Campo Militar 1, un grupo de jóvenes lanzó petardos, piedras y bombas molotov, con un saldo de 39 uniformados heridos.
Se esperan más manifestaciones hoy, pues los familiares de los normalistas han convocado a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía en general a una marcha conmemorativa. Iniciará a las 16:00 horas e irá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, y el martes, habrá un acto político en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero.
La nueva investigación del caso Ayotzinapa
El 26 de junio de 2019, la FGR publicó un acuerdo por el que creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), por petición de madres y padres de los 43 normalistas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde esa fecha, el fiscal Alejandro Gertz Manero puso al frente de la UEILCA a Omar Gómez Trejo, quien ya tenía relación con el caso y la confianza de los normalistas, pues fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que comenzó a indagar en el caso desde 2014.
Sin embargo, pasaron más de dos años para que, el 21 de septiembre de 2021, en un recorrido con medios por la Barranca la Carnicería en Cocula, Guerrero, Gómez Trejo diera a conocer por primera vez que la FGR abrió una nueva línea de investigación sobre el desempeño de la extinta PGR.
“Un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban, y en función de eso desviaron toda una investigación”, dijo Gómez Trejo, desde el lugar donde fueron hallados los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero. Ellos y Alexander Mora hasta ahora son los únicos estudiantes identificados.
Días después, el 13 de octubre, la FGR informó sobre la vinculación a proceso contra Mauricio Cerón y Patricia Gómez, integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR, señalados presuntamente de obstaculizar la investigación.
De manera específica, la fiscalía señaló que ambos peritos “probablemente realizaron actividades en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos”. Sin embargo, de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y principal acusado de manipulación de evidencias y tortura en el caso, no se mencionó nada.
En ese contexto, las manifestaciones se mantuvieron aisladas, debido a los dichos del subsecretario Encinas, quien informó que, a siete años, existían muchas líneas de investigación porque más de 20 testigos se encontraban participando con las autoridades.
Tres años de una nueva investigación
Durante casi un año, no se informaron avances en el caso, hasta que el pasado 18 de agosto Encinas presentó el primer informe de la Comisión para la Verdad, cuya principal conclusión preliminar es que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” en el que participaron autoridades municipales, estatales y federales.
Por ejemplo, señaló que mandos militares de la región no realizaron las acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien estaba infiltrado dentro de la Normal, lo que pudo haber dado con el paradero del resto de los normalistas.
Otro punto fue el señalamiento de que el entonces coronel y hoy general José Rodríguez Pérez ordenó asesinar a seis normalistas que estuvieron cautivos con vida varios días.
“Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado”, dijo Encinas.
Tan solo un día después, la fiscalía informó sobre el arresto de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Así fue detenido el principal artífice de la llamada “verdad histórica”, con la que la administración anterior concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente incineraron sus restos en el basurero de Cocula para lanzarlos en bolsas de plástico al Río San Juan.
De manera paralela, la fiscalía informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de Infantería, en Iguala.
Estas mismas órdenes de aprehensión incluían a cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, a 26 policías de Huitzuco, a seis de Iguala y a uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros de Guerreros Unidos.
El 24 de agosto, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por válidas las pruebas presentadas por la FGR en contra de Murillo Karam, con las que se asegura que debió estar enterado de que sus subordinados cometían delitos, sobre todo Tomás Zerón. Por ello, le dictó prisión preventiva y lo vinculó a proceso.
La calma sobre el caso permaneció nuevamente durante tres semanas, hasta que el 14 de septiembre se dio a conocer que un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, que desde 2014 fue señalado como la persona que ordenó el ataque policial contra los alumnos.
Si bien Abarca no salió de la cárcel debido a que enfrenta otros dos procesos penales, la decisión del juez provocó que el subsecretario Encinas reclamara al Poder Judicial por esta absolución, que se sumaba a la de otros 77 presuntos perpetradores del crimen. Días después, se informó que el mismo juez dio la absolución a 24 presuntos implicados más, razón por la que el gobierno federal decidió interponer una denuncia de hechos ante la FGR para que proceda legalmente en su contra.
Mientras la discusión de la absolución de Abarca se desarrollaba, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, a quien el gobierno federal le atribuyó la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas.
Ese mismo 14 de septiembre fueron detenidos el capitán José Martínez Crespo —que ya había sido detenido en noviembre pasado— y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, así como el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Esto suma ya cinco aprehensiones nuevas por el caso.
No obstante, este domingo se dio a conocer que, a petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado en contra de funcionarios públicos, por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia; 16 de ellas eran las correspondientes a los mandos militares.
Entre los exonerados están el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco y Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero. Este movimiento —revelan documentos judiciales— dejó fuera de la decisión a la Unidad Especial dirigida por Omar Gómez Trejo y con ello a las familias de los 43.
Un día antes, este sábado, la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna del diario Reforma datos del informe sin testar sobre Ayotzinapa. Según lo publicado, el expresidente Enrique Peña Nieto supuestamente negoció con el exalcalde José Luis Abarca, a través de Tomás Zerón, para que se declarara autor intelectual del crimen a cambio de dejarlo ir del país.
El subsecretario Encinas condenó la filtración y pidió a la FGR indagar y castigar el hecho, debido a que la revelación afecta la investigación “y abre paso a la impunidad”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña legalmente a las familias, afirmó que, si bien las filtraciones sobre el caso revictimizan a las familias, también hay preocupación sobre la información de que la FGR “de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión”.
“Ante un entorno tan enrarecido, llamamos a la sociedad a acompañar a las familias en su marcha del lunes para recordar a los 43 y las más de #100milPersonasDesaparecidas, pues esta crisis continúa. Pedimos a los actores preservar el carácter de pacífico de la marcha, poniendo en el centro de la dignidad de los padres y madres”, exhortó.
(Con información de Animal Político)
