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Saltillo, Coahuila.- Durante la tercera sesión del Segundo Periodo Ordinario del segundo año de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, la diputada del PRI, Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó a través de un punto de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el ámbito de sus atribuciones refuercen los mecanismos de protección y defensa a los usuarios financieros respecto a las relaciones con las instituciones financieras, permitiendo una equidad sustantiva.
Desde hace algunos meses, se ha detectado en diversos estados del país una nueva manera de estafa digital, conocida como “monta deudas”, dentro de los cuales Coahuila se encuentra entre las entidades con mayor número de víctimas. La estafa se da mediante la descarga en el celular de aplicaciones móviles de créditos exprés o aparentemente fáciles de obtener, lo que resulta muy atractivo ya que ofrecen préstamos con muy pocos o nulos requisitos, dando acceso a datos sensibles de los usuarios, lo cual es un factor de riesgo y vulnerabilidad, pues aprovechan dicha información para intimidar, extorsionar, agredir psicológicamente y amenazar a la víctima y conocidos o familiares, asegurándoles que los pusieron como aval y tienen la obligación de pagar los mismos créditos que al momento crecen exponencialmente volviéndose imposibles de pagar o con intereses excesivos.
Ante ello, es necesario que se implementen nuevos controles por parte de las autoridades competentes como CONDUSEF y PROFECO, para que regulen los requisitos para las aplicaciones que otorgan préstamos y créditos, además de que brinden asesoría y acompañamiento a los usuarios financieros para realizar los reportes y denuncias correspondientes. Por otro lado, es importante realicen acciones de investigación y eliminación de sitios de crédito, ilegales y/o fraudulentos.
“Esta nueva modalidad de fraude, conocido como “montadeudas” se ha convertido en un serio problema de seguridad pública, por lo que requiere la implementación de acciones urgentes para prevenir y combatir los daños a la ciudadanía, además es necesario dotar a las personas de herramientas jurídicas, acompañamiento y seguimiento para hacer frente a dichas extorsiones” detalló la diputada Edna Dávalos al presentar el punto de acuerdo, mismo que fue aprobado.
