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Ciudad de México. – Durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que preside la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, entre los acuerdos logrados, destacan propuestas presentadas por la FGR para homologar capacidades y procedimientos en materia de desaparición de personas, derechos humanos, capacidades forenses, extorsión, feminicidio, incidencia delictiva y profesionalización.
Entre los temas abordados estuvo la desaparición de personas, considerada uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia, debido a la necesidad de contar con capacidades especializadas y homologadas de investigación y búsqueda, coordinación interinstitucional y atención integral a víctimas y familias.
En este contexto, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a cargo de Mariana Díaz Figueroa, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsó una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición.
Como parte de esta estrategia, se presentó un diagnóstico nacional sobre las capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el propósito de identificar brechas y buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para fortalecer la investigación, búsqueda, localización, identificación y atención integral de víctimas y sus familias.
Asimismo, se aprobó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, resultado de un amplio ejercicio participativo con familias, colectivos, organismos internacionales y sociedad civil. El Protocolo establece una metodología nacional, coordinada y con perspectiva de derechos humanos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, e incorpora como una de sus principales aportaciones un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad. Su implementación contempla acciones de difusión, capacitación, adecuación institucional, así como mecanismos de seguimiento y evaluación.
Igualmente, se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México, respondiendo al compromiso del Estado mexicano.
Dicho protocolo contempla las actuaciones ministeriales con un enfoque basado en derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos y sujetos de una protección reforzada. Próximamente se realizarán acciones de implementación de este importante esfuerzo.
En materia de extorsión, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, presentó el Manual de Operaciones de las Fiscalías o Unidades Especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito, cuyo objetivo es homologar y fortalecer la actuación institucional, mejorar la atención y protección de las víctimas e impulsar investigaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para desarticular las estructuras criminales vinculadas con este delito, así como los planes de investigación elaborados por la FGR para la persecución de este delito.
En materia de feminicidio, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Bojorges Beltrán, expuso el proyecto de decreto que presentó la Titular del Ejecutivo Federal, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, el cual ya se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República; esta propuesta de ley tiene como propósito que las fiscalías y procuradurías identifiquen las acciones necesarias para su eventual implementación y fortalezcan el intercambio de experiencias y la coordinación con la Federación.
La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada. Asimismo, contempla un tipo penal homologado, 10 razones de género, 19 agravantes y penas de 50 a 70 años de prisión, además de sanciones para la tentativa.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) presentó su nueva oferta académica y de profesionalización para las fiscalías y procuradurías del país, con el objetivo de transformar el conocimiento científico en capacidades para fortalecer la procuración de justicia.
La oferta contempla especialidades, maestrías y doctorados, así como capacitación y educación continua mediante diplomados, cursos, talleres y otras actividades académicas, tanto presenciales como a distancia.
En materia forense, Israel Agüero, Titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) habló de las acciones para conocer y fortalecer las capacidades de las fiscalías y procuradurías del país, así como del seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, a efecto de fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.
En materia pericial, David Zepeda Jones, titular del Centro Federal Pericial Forense, presentó el proyecto de Guías de Valoración de la Prueba Pericial, cuyo objetivo es facilitar la comprensión de las distintas especialidades forenses y fortalecer la valoración de la prueba.
Los dos primeros tomos, ya publicados, abordan áreas como genética, toxicología, identificación humana, odontología, balística, medicina forense y criminalística de campo, mientras que el tercero, actualmente en elaboración, incluirá identificación facial, química forense, con énfasis en fentanilo, y medicina forense en materia de mecánica y certificación de lesiones.
En lo que se refiere a propuestas legislativas, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, presentó la relativa al Código Nacional de Procedimientos Penales, orientada a agilizar y fortalecer la investigación de los delitos, sobre todo los de alto impacto, así como a reforzar las garantías en favor de las víctimas, lo que representa un paso relevante para dotar a las instituciones de mejores herramientas jurídicas y reducir la impunidad; al respecto, la propuesta fue adoptada para ser enriquecida e impulsada por las 32 fiscalías estatales.
Una vez realizados los trabajos, la Fiscal General de la República agradeció la participación de las fiscalías y procuradurías del país, así como de las instituciones y organismos invitados, y destacó que los acuerdos alcanzados deben traducirse en acciones concretas que contribuyan a la Estrategia Nacional de Seguridad.
Señaló que el fortalecimiento de la procuración de justicia depende tanto de las capacidades de cada institución como de su coordinación, por lo que refrendó el compromiso de la FGR de trabajar estrechamente con las fiscalías estatales.
En este sentido, destacó que la Fiscalía General de la República mantendrá coordinación con las fiscalías estatales, particularmente a través de sus fiscalías federales, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Inteligencia Criminal y las áreas periciales, con el propósito de fortalecer las investigaciones y la judicialización de delitos federales.
