Federico Berrueto
Los partidos en el mundo de regímenes presidenciales han resuelto seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias; fórmula razonable y prueba de competitividad. La selección de candidatos es un tema de interés público. Los partidos son la puerta para acceder a cargos de elección popular. Las candidaturas independientes exitosas son la excepción, aquí e internacionalmente.
En el país nunca se introdujeron las bases para una selección democrática de candidatos. Parte de las insuficiencias del sistema político y la vigencia de partidocracias se explican porque nunca se quiso establecer en la ley un procedimiento común de elecciones primarias.
Hoy, difícilmente habría acuerdo para obligar a los partidos a seleccionar a sus candidatos mediante elecciones primarias, eventualmente organizadas por la autoridad electoral en una fecha común y con reglas homogéneas. Se trata de un terreno prácticamente inédito. La experiencia de procesos internos competidos es escasa. El PAN, que en sus orígenes contaba con reglas para una competencia interna resuelta por un número reducido, pero representativo de electores, perdería esa encomiable tradición. Vicente Fox fue el primer candidato presidencial surgido al margen de ese mecanismo y Calderón como candidato ganó en una elección primaria competida.
El PRI decidió seleccionar a su candidato presidencial para la elección de 2000 mediante una elección primaria. El proceso fue organizado por José Antonio González Fernández, Dulce María Sauri y Fernando Gutiérrez Barrios. Participaron más de diez millones de votantes. Compitieron Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Humberto Roque y Manuel Bartlett. Fue una contienda auténtica, ordenada y sin mayores complicaciones. Labastida nunca comprendió el valor político de ese triunfo y ha señalado que contribuyó a su derrota. Aunque no sea así, para muchos aquella experiencia confirmó la idea de que una elección primaria divide y debilita.
Más recientemente, la coalición integrada por PRI, PAN y PRD, en el marco del Frente Amplio por México, diseñó un ingenioso mecanismo de selección que combinaba votaciones y encuestas. Hubo competencia y debates, pero faltó lo fundamental: la votación prevista para la etapa final. Los partidos acordaron suspender el proceso y declarar candidata a Xóchitl Gálvez.
Las dirigencias partidistas han recurrido cada vez más a las encuestas para definir candidaturas. Error. Las encuestas no sirven a ese propósito, sobre todo cuando la contienda no está acompañada de una competencia auténtica, con debates, proselitismo en territorio y presencia en los medios. Además, es frecuente que los organizadores no transparenten aspectos esenciales de la metodología. Sin campaña, una encuesta suele favorecer al aspirante más conocido, no necesariamente al mejor, más competitivo o más representativo.
Morena enfrenta una fuerte presión interna en la selección de candidatos porque sigue siendo el partido con mayores posibilidades de triunfo. La situación resulta ahora más compleja por las implicaciones legales y políticas derivadas de la relación de prospectos con el crimen organizado. La ley cambió y otorgó al INE la tarea de participar con los partidos en la validación de candidaturas, una función ajena a su responsabilidad de organizar elecciones, además plantea un problema difícil de resolver: la única forma de privar a una persona del derecho a ser votada es que esté sujeta a proceso penal. La maledicencia, incluso la sospecha fundada, no basta.
La dirigencia de Morena dispone de los medios y recursos para conducir el proceso de selección. El problema visible es la interferencia de gobernadores afines que buscan imponer sucesores a modo. Sin embargo, las encuestas no impedirán la inconformidad que pueda surgir; en algunos casos habrá rechazo abierto a los resultados y, en otros, campañas sin entusiasmo o de brazos caídos.
El desafío para la oposición es considerablemente mayor, porque sus posibilidades de éxito aumentan mediante acuerdos, ya sea formales, bajo la figura de la coalición, o implícitos, mediante la decisión de no presentar candidatos. Asunto no sencillo, especialmente porque las dirigencias nacionales de MC y del PAN han adoptado como principio no ir en coalición, pese al interés en diversos estados de construir alianzas.
Con el paso del tiempo resulta cada vez más evidente la conveniencia de un acuerdo opositor. Movimiento Ciudadano difícilmente modificará su posición, aunque las elecciones de Campeche y Sonora le plantean la conveniencia de construir un acuerdo amplio en favor de sus candidatos. En Michoacán también se perfila un escenario favorable para la oposición. La incógnita: ¿el PAN estará dispuesto a ir con el PRI en Chihuahua, Sinaloa y Nuevo León?
