Federico Berrueto
Desde la consolidación de la normalidad democrática con la reforma electoral de 1996, los presidentes han visto disminuir el respaldo de su partido en las elecciones intermedias. Incluso con López Obrador, quien había consolidado su dominio político y el control del espacio público, Morena obtuvo apenas 34% de los votos en la elección de diputados; sumados los del PVEM y el PT, la coalición alcanzó 43%. En 2018 ganó con 53% la elección presidencial y 46% la de diputados. La constante es clara: los presidentes suelen perder respaldo ciudadano en términos de votación.
¿Se repetirá la historia en 2027? Todo indica que sí, pese al control de los órganos electorales y la debilidad de la oposición formal. Claudia Sheinbaum obtuvo la mayor votación por un candidato presidencial: 59.7%. Sin embargo, en la elección de diputados de 2024 Morena alcanzó 40.8%; con el PT y el PVEM llegó a 54.7%. Repetir será difícil. El referente más realista es la elección intermedia de 2021, cuando obtuvo 34%.
¿Qué puede esperarse de la elección de 2027? Todo apunta a la pluralidad propia del sistema de representación. Las elecciones intermedias tienen un fuerte componente local, que favorece la diversidad política, mientras que las presidenciales tienen una inercia nacional por lo que suelen influir en las contiendas estatales. En 2027, diecisiete estados elegirán gobernador y, salvo Durango y Veracruz, todo el país renovará ayuntamientos.
Ese escenario representa una oportunidad para la oposición, siempre que sea capaz de entender la contienda local, además de construir acuerdos amplios. Los partidos de reconocimiento reciente no podrán formar coaliciones, pero sí establecer acuerdos para no postular candidatos propios. Guadalupe Acosta, de SomosMX, ha planteado esa posibilidad en Michoacán, mediante el respaldo a la independiente Grecia Quiroz.
¿Ganará territorio la oposición? Todo dependerá de la capacidad de entendimiento entre PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y SomosMX. En 2021 obtuvieron un buen resultado en la elección de diputados, pero retrocedieron en varias elecciones locales debido a la fragmentación del voto. Ese escenario podría repetirse. De ocurrir, Morena no sólo conservaría buena parte de sus posiciones, también tendría posibilidades de ganar Chihuahua y Nuevo León.
Los acuerdos opositores exigirán un mayor pragmatismo. Con o sin coalición formal, el objetivo debería ser respaldar al candidato o candidata local con mayores posibilidades de triunfo. Bajo esa premisa, la oposición podría competir con serias posibilidades en Michoacán, Campeche y, eventualmente, Zacatecas. Sinaloa y otras entidades permanecerían como estados de pronóstico reservado.
¿Puede la elección de 2027 definir el escenario de 2030? Sí, sucedió en 1997, 2009 y en 2015. Un avance significativo de la oposición fortalecería la percepción de que quien gobierna puede ser derrotado, lo que también podría modificar la relación del PT y del PVEM con el partido gobernante.
Morena enfrenta, además de falta de cohesión interna, el colapso de su autoridad moral por la creciente corrupción y de vínculos con el crimen organizado. Las encuestas no reflejan ese desgaste, pero es mayor que el observado hace seis años. La incógnita consiste si el descontento terminará expresándose en las urnas. El precedente de Coahuila apunta en esa dirección. Si aumenta la participación electoral, es probable que también crezca la votación opositora.
¿Existen factores disruptivos que puedan alterar el desarrollo de la elección? Sin duda. El más relevante es el frente judicial abierto en Estados Unidos. Una eventual declaratoria que vinculara a Morena con organizaciones terroristas tendría consecuencias políticas y financieras de enorme magnitud. Asimismo, eventuales solicitudes de extradición contra figuras relevantes del ámbito político podrían modificar el contexto electoral.
A ello se suma la creciente intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Su capacidad para influir en campañas, intimidar candidatos o poner en riesgo la integridad de dirigentes es factor de incertidumbre que difícilmente puede neutralizarse.
¿Los órganos electorales garantizan la legalidad? La estructura territorial del INE conserva altos niveles de profesionalismo; no ocurre lo mismo con la mayoría del Consejo General ni con el Tribunal Electoral. Si esa percepción se consolida, el país podría regresar a una etapa de fuerte disputa sobre los resultados electorales.
Cuanto mayor sea el descontento frente al abuso del poder o la percepción de fraude, mayores serán los riesgos de que la competencia política desborde la civilidad propia de una democracia. México podría ingresar en un terreno inédito, especialmente si el descontento por el cierre de los espacios institucionales deja de expresarse en las urnas y comienza a manifestarse en las calles.
