Federico Berrueto
La ley es el fundamento de la certeza jurídica y de una vida civilizada. La legalidad debilitada o inexistente afecta a la inmensa mayoría y beneficia a quienes concentran poder en sus diversas formas. Prevalece el más fuerte, el más violento, el más decidido a imponerse. La esencia del Estado democrático descansa en la legalidad, aunque ésta, por sí sola, no basta. Es indispensable que la ley regule y limite el poder público, además de garantizar los derechos de las personas, especialmente de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.
No se sabe qué resulta peor: una legalidad autoritaria o la ausencia de legalidad. La primera etapa del obradorismo transitó por la segunda; ahora parece encaminarse hacia la primera, al menos en asuntos fiscales y en los relacionados con la libertad de expresión. La aplicación torcida de la encomiable figura de la violencia política de género se utiliza para restringir el ejercicio periodístico.
El signo de estos tiempos ha sido la impunidad. No porque antes no existiera, sino por la magnitud alcanzada. Basta un ejemplo: a lo largo de estos ocho años no ha habido un solo proceso penal contra un delincuente de alto perfil o un político relevante. Tanto la narrativa oficial como la acción de la justicia remiten constantemente al pasado; se llegó al extremo de detener al imaginario asesino de Luis Donaldo Colosio, exculpado en las investigaciones de hace años.
El gobierno refiere el caso de Genaro García Luna como causa de todos los males en seguridad a pesar de que dejó de ser funcionario hace catorce años. El joven canciller, en la mañanera, reprochó que quienes defendieron a Álvarez Machain hoy guarden silencio, evento de hace treinta y seis años, cuando él apenas tenía dos. ¿Quiénes son esos que ahora callan? casi ninguno de los protagonistas de entonces están presentes en la vida pública ¿Se referirá a Manuel Bartlett, secretario de Gobernación cuando fue asesinado el agente Kiki Camarena?
La impunidad ya no sólo indigna; además expone al país frente a la ofensiva judicial de EU, que se pretende presentar como un acto de injerencismo motivado por razones políticas o ideológicas. Sin embargo, prevalece la idea de que la protección a imputados es un recurso para proteger al régimen de sus pecados. Sus nombres no aparecen en rumores o revelaciones periodísticas, sino en los testimonios de delincuentes convertidos en informantes, muchos de ellos enviados por el propio gobierno mexicano al margen del tratado de extradición, otra ilegalidad cometida en el intento de ganar buena voluntad de EU.
La ley deja de ser ley cuando incomoda al poderoso y sólo existe cuando le resulta conveniente. Sin embargo, hoy opera un régimen judicial supranacional que impone límites. Lo hace la ONU al señalar la desaparición forzada como una práctica de preocupación internacional; también EU al perseguir el narcoterrorismo por los daños provocados por el fentanilo. El PAN ha promovido una queja ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente López Obrador por presuntos delitos de lesa humanidad, argumentando una omisión deliberada en la protección de la sociedad derivada de la política de «abrazos, no balazos».
El desprecio por la legalidad también se refleja en la calidad de los juristas que el régimen impulsa. Ahí está Lenia Batres, flamante ministra de la Suprema Corte, promovida por AMLO como represalia a la judicatura por sus fallos adversos al gobierno. Resulta difícil comprender que Julio Scherer fuera reemplazado en la Consejería Jurídica de la Presidencia por María Estela Ríos, después promovida a ministra en la elección del acordeón. Las sesiones de la Corte se han convertido en un espectáculo lamentable que muestra el mayor deterioro del máximo tribunal en la historia del país.
La modernidad autoritaria parte de una premisa inquietante: que la ley y la justicia han dejado de estar de moda. El desdén proviene tanto de los Estados como de las grandes empresas, particularmente las que dominan el mundo digital, mayor amenaza a la civilidad democrática por el impacto en la conformación de la opinión pública y en EU, además, por su presencia en el financiamiento de campañas.
En México, la legalidad y el Poder Judicial fueron presentados como un engendro neoliberal que debía ser destruido. El resultado está a la vista: un país con menos justicia, una Suprema Corte debilitada y juzgadores ajenos al profesionalismo e independencia a los que la judicatura obliga.
