Federico Berrueto
Lo mejor para enfrentar un momento adverso es aparentar tranquilidad, como si eso bastara para resolver las cosas. Preocuparse sin ocuparse no conduce a ningún sitio, salvo al infarto. Mejor instalarse en la negación y asumir que nada de lo que se ve, se advierte o se anuncia es cierto; que el tiempo terminará por arreglarlo todo. No hay miedo, en apariencia.
Los efectos de la amenaza judicial ampliada son devastadores y han alimentado un deseo de que el país logre contener la embestida, que la soberanía sea un manto protector, aunque la impunidad persista. Eso entiende el poder a cargo de la defensa intransigente frente a la solicitud de detener a un gobernador incriminado y a nueve colaboradores más. Es la mejor manera de alimentar la esperanza dentro del régimen de que esto no sea el principio del fin. Otros, en cambio, piensan que nada mejor que pudiera ocurrir: que la ruptura del régimen de autoridad provenga del exterior. La polarización enfrenta dos extremos: impunidad o intervencionismo.
Estados Unidos decidió trasladar al terreno judicial su relación con el gobierno de México. Esa decisión implica que la presidenta actúe conforme a lo demandado porque así lo establece el marco de cooperación legal. Ahora, con el caso del piloto que trasladó a El Mayo Zambada a territorio norteamericano, queda claro el destino de la condescendencia cuando va acompañada de incompetencia. Las autoridades mexicanas, violentando la Constitución e invocando de manera tramposa la seguridad nacional, entregaron a quienes se perfilan ser los enterradores del régimen político. Si aún existe alguna duda, basta entender el valor del testimonio del piloto. El enemigo está en casa, del régimen morenista y del país.
Efectivamente, el enemigo está en casa y por partida doble. Primero, obvio: la impunidad hacia quienes se han coludido con el crimen organizado o le han servido. Rocha Moya es apenas un ejemplo. ¿Otros? Muchos más, que aparentan vivir sin miedo. La connivencia alcanza numerosos ámbitos y, por ahora, la atención se ha centrado en los llamados narcopolíticos. Sin embargo, es bien sabido que un negocio criminal de magnitud también involucra a empresas, y no únicamente a aquellas utilizadas para las operaciones directas. Lo más relevante es el lavado de dinero a gran escala y las múltiples relaciones comerciales que de éste derivan. Segundo, por la incompetencia de quienes tienen depositada la responsabilidad de procurar e impartir justicia.
En el reciente reporte de las agencias del Departamento del Tesoro sobre las investigaciones relacionadas con el contrabando de combustible aparece una referencia que nadie quiere darse por aludido, aunque debería preocupar por sus implicaciones. Se abre una línea de complicidad particularmente inquietante: el dinero del narcotráfico en los medios de comunicación, vinculado a las campañas electorales. Se trata de recursos entregados en efectivo, lo que hace pensar que no provienen de evidencia financiera convencional, sino del testimonio de delincuentes o personas incriminadas que describen una práctica generalizada durante los procesos electorales: los pagos bajo la mesa a medios y periodistas. La referencia de FinCEN debería preocupar a empresarios y dueños de medios. No se trata, como antes, de recursos desviados del gobierno o de futuros proveedores que financiaban aventuras electorales. Es dinero del narco, de la muerte, de los asesinados y de las víctimas de las adicciones, casi siempre ignoradas o minimizadas.
Los que viven sin miedo son cada vez menos. La mayoría confía, ilusamente, en la capacidad del poder para protegerlos y preservar la tranquilidad mediante el pacto de impunidad. Pero eso ya no es posible. Existe un poderoso brazo fuera de control: el de la justicia estadounidense que ha reunido un acervo considerable de testimonios incriminatorios aportados por delincuentes de alto nivel o por actores relevantes, como el piloto que trasladó a EU a El Mayo. Fue deportado por las autoridades estadounidenses, detenido por las mexicanas y posteriormente regresado a Estados Unidos antes de rendir declaración sobre su participación en el secuestro y traslado del principal narcotraficante de las últimas décadas. Su testimonio, de igual o más valor que la información que las autoridades mexicanas exigen a las estadounidenses.
Seguramente el piloto, Mauro Alberto Núñez Ojeda, sí tiene condiciones para gestionar sus miedos. Su calidad de testigo colaborador o protegido se lo permite, porque la justicia del vecino del norte se sustenta en la certeza. Mientras tanto, en México, muchos siguen viviendo sin miedo… sin miedo aparente.
