-Con información e imagen de Vanguardia
Redacción|LaOtraPlana.com.mx
Ciudad de México.- El exvicefiscal de Sinaloa, Dámaso López Saavedra, señalado por autoridades de Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, participó en las diligencias y en el montaje institucional relacionado con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, de acuerdo con información publicada por la revista Proceso.
López Saavedra se convirtió en el tercer funcionario ligado al gobierno estatal mencionado en las acusaciones estadounidenses, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Según la publicación, el nombre de Dámaso López Saavedra ya había sido relacionado en distintos momentos con presuntos vínculos entre autoridades estatales y grupos criminales.
El exvicefiscal y el exagente investigador, Marco Antonio Almanza Avilés, también mencionado en la acusación estadounidense, formaron parte de estructuras de seguridad dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).
La investigación refiere que varios de los mandos incluidos en la acusación habían sido señalados anteriormente por supuestos nexos con integrantes de organizaciones criminales, entre ellas grupos ligados a los hermanos Carrillo Fuentes.
Proceso señaló que los señalamientos volvieron a tomar fuerza tras el asesinato de Luis Alberto “N”, agente de investigación de la FGE, ocurrido el 16 de enero de 2025 frente al Congreso de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida, luego del ataque comenzó a circular en redes sociales un video en el que el exagente mencionaba nombres de mandos presuntamente coludidos con el narcotráfico, entre ellos el de Dámaso Castro Saavedra.
El exvicefiscal fue identificado como una figura cercana al gobernador Rubén Rocha Moya, quien en dos ocasiones lo incluyó en ternas para ocupar la titularidad de la fiscalía estatal.
La primera ocasión ocurrió en 2021, cuando finalmente fue designada como fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Posteriormente, ya al frente de la fiscalía, Quiñónez Estrada nombró a Dámaso Castro Saavedra como vicefiscal general.
El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024, colocaron nuevamente bajo presión a la fiscalía estatal.
Según la información publicada por Proceso, Dámaso Castro Saavedra encabezó las diligencias relacionadas con el homicidio de Cuén junto con la entonces vicefiscal de la zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
En ese contexto, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez ofreció una conferencia de prensa en la que presentó un video para sostener la versión de que Cuén había sido asesinado durante un intento de asalto en una gasolinera al norte de Culiacán.
Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el homicidio ocurrió en la misma finca donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada.
La FGR también reportó irregularidades en la preservación de la escena del crimen y en el manejo del cuerpo de la víctima.
Proceso indicó que en el montaje de la versión oficial participaron Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo. Tras la polémica, Sara Bruna Quiñónez dejó el cargo.
El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024, colocaron nuevamente bajo presión a la fiscalía estatal.
Según la información publicada por Proceso, Dámaso Castro Saavedra encabezó las diligencias relacionadas con el homicidio de Cuén junto con la entonces vicefiscal de la zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
En ese contexto, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez ofreció una conferencia de prensa en la que presentó un video para sostener la versión de que Cuén había sido asesinado durante un intento de asalto en una gasolinera al norte de Culiacán.
Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el homicidio ocurrió en la misma finca donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada.
La FGR también reportó irregularidades en la preservación de la escena del crimen y en el manejo del cuerpo de la víctima.
Proceso indicó que en el montaje de la versión oficial participaron Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo. Tras la polémica, Sara Bruna Quiñónez dejó el cargo.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Dámaso Castro Saavedra de presuntamente proporcionar información sensible a la facción de “Los Chapitos”.
Entre los señalamientos se menciona la entrega de datos relacionados con investigaciones, cateos, aseguramientos y operativos encabezados por el Ejército y la Marina, además de alertas sobre redadas en laboratorios clandestinos y casas de seguridad.
Según la acusación citada por Proceso, el exvicefiscal habría recibido pagos mensuales de 30 mil pesos por estas actividades.
Otro de los nombres mencionados en las acusaciones estadounidenses es el del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública estatal.
Mérida Sánchez habría obtenido un amparo en un juzgado federal de Michoacán para evitar una posible detención o extradición derivada de los señalamientos.
El exfuncionario dejó el cargo durante la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa Sinaloa, en medio de enfrentamientos y disturbios registrados en el penal de Aguaruto.
Entre los funcionarios incluidos en la investigación estadounidense también aparece Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía Ministerial y posteriormente de la Policía de Investigación.
Proceso recordó que Almanza Avilés ocupó cargos relevantes desde administraciones anteriores, incluidas las encabezadas por el exgobernador Juan Millán.
Asimismo, el medio menciona vínculos históricos con el exjefe policiaco Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como “Chuytoño”, quien fue señalado en distintas ocasiones por presunta protección a grupos criminales.
La acusación también incluye a Jorge Alberto Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exmando de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, identificado como mando de la Policía Municipal de Culiacán.
A este último se le señala además por la presunta privación ilegal de la libertad de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien posteriormente fue asesinado.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre procesos penales en México derivados directamente de las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia estadounidense.
Las investigaciones y señalamientos continúan en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa y de las tensiones derivadas del caso relacionado con Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
