Redacción | LaOtraPlana.com.mx
Nueva York, EE.UU.– La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó sobre una acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, por su presunta participación en delitos de narcotráfico y relacionados con armas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó: “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, y agregó que “el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que “los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país”.
Según la acusación, los implicados habrían colaborado con la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, proporcionando protección, información confidencial y apoyo operativo para el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Asimismo, se señala que algunos de los acusados estarían relacionados con actos de violencia, incluidos secuestros y homicidios. En particular, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar.
Los acusados son:
- Rubén Rocha Moya
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
De acuerdo con el documento judicial, los funcionarios habrían protegido a miembros del cártel, filtrado información de operativos y permitido el traslado de cargamentos de droga, recibiendo a cambio sobornos millonarios.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Las autoridades indicaron que los acusados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua, con mínimos obligatorios de 40 años de prisión.
Finalmente, la Fiscalía subrayó que los cargos son acusaciones formales y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
