En entredicho, la justicia aplicada a los detenidos en Dinamita
Rubén Cárdenas
La muerte al interior del CERESO Número Uno de Durango, el 25 de este mes, de Fernando Mendoza Martínez, uno de los 28 integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio encarcelados el día 25 de marzo, tuvo alta resonancia a nivel nacional, sobre todo porque se actuó con todo el aparato de Estado contra activistas que sólo pedían justicia laboral.
El hecho ocurrió, de origen, por proteger los derechos laborales de cuatro empleados de la empresa Sotomex, transportadora de materiales explosivos para uso en la actividad minera, que habían sido despedidos injustamente y pisoteados sus derechos laborales.
Los 28 miembros del Frente Unido, entre ellos diez mujeres, realizaban un plantón afuera de la referida empresa, en apoyo a los cuatro trabajadores, el 18 de marzo, cuando fuerzas federales, estatales y municipales en conjunto los detuvieron con violencia.
De inmediato, les fueron imputados diversos delitos graves, como robo, extorsión, bloqueo de vías federales y estatales de comunicación, entre otros, lo cual provocó irritación en algunos sectores y líderes sociales, como el obispo Emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.
El prelado alzó la voz por esta agrupación e insistió en que se les estaba criminalizando y pidió trato justo para ellos. El Frente Unido de Pueblos surgió por el año 2018, para impedir la instalación de la empresa Chemours en Lerdo, que pretendía producir cianuro de sodio sin los permisos de uso de suelo ni demás reglamentación exigida por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Todos fueron detenidos sin la orden de aprehensión correspondiente, trasladados de Dinamita a Durango y recluidos sin dilación en el CERESO Número Uno; sus familiares los reportaron como desaparecidos y hasta un día después los pudieron ubicar en esta capital.
Lo insólito del caso es que las autoridades del estado de Durango se pusieron, desde el inicio, del lado de la empresa y en contra de los quejosos, pese a que Sotomex tiene domicilio fiscal en Coahuila, o sea que paga impuestos allá, tiene de aquel lado su oficina, pero utiliza suelo duranguense para producir y transportar explosivos que vende a mineras en el norte del país.
Y una semana después de esos hechos, fue acusado de robo agravado y detenido Fernando Mendoza Martínez, de 64 años, quien padecía diabetes, hipertensión arterial y ceguera parcial. Su deceso dentro de prisión ocurrió el 13 de abril por infarto agudo al miocardio provocado por un problema renal y hepático, según el reporte forense de la Fiscalía estatal.
La muerte de este activista enfermo, casi ciego, y acusado de la presunta comisión de un delito grave, al igual que sus compañeros de lucha social, alimenta la hipótesis de que este episodio encuadra más en la esfera de lo político que en una detención necesaria a alguien de alta peligrosidad. Su familia se enteró del deceso por otros internos del CERESO, no por las autoridades.
Por su parte, el columnista Julio Hernández López, de La Jornada, cuestionó el hecho de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, haya avalado la participación de la Guardia Nacional en la detención de este grupo de activistas y apoyara las acusaciones tan graves contra ellos.
Apenas el fin de semana pasado, en Gómez Palacio tuvo lugar una marcha para exigir la libertad de los presos y los participantes sostuvieron que mantendrán la movilidad hasta que salgan de prisión, ya que “son inocentes”, insistieron.
La muerte de Mendoza Martínez es, según los integrantes de este Frente, consecuencia de la arbitraria acción de las autoridades y deben fincarse las responsabilidades a que haya lugar, como contra quienes ordenaron la captura de los 28 detenidos.
Fue un asunto público que estos 28 solamente realizaban una manifestación pacífica en el exterior de Sotomex para demandar respeto a los derechos laborales de los cuatro injustificadamente despedidos. Entonces, ¿Son o no delincuentes los detenidos? La justicia de Durango no debe quedar en entredicho una vez más. Al tiempo.
COLMILLOS Y GARRAS
POR LO PRONTO, el Congreso local aprobó el otorgamiento de 50 hectáreas a la empresa FERMACA para instalarse en Durango “próximamente”; sólo falta que instituciones bancarias aprueben el crédito de 3 mil 700 millones de dólares a los propietarios de esa empresa, la obtención de los permisos de impacto ambiental, entre otros trámites, para destrabar la llegada de esta inversión, impulsada por el gobierno federal… LEJOS DE AVANZAR en la seguridad en el Centro Histórico, los robos, tanto a negociaciones como a transeúnte, sigue ocurriendo a diario en este espacio de la ciudad. Dos jovencitas fueron despojadas de su teléfono celular antier y un local comercial en plena 20 de Noviembre, casi esquina con Apartado, fue asaltada durante la mañana de ayer, con un botín de 44 mil pesos… EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, Fernando Rosas, dijo ayer que están tratando de atraer nuevas producciones cinematográficas, pero lo que asegure o no ya resulta francamente inverosímil para la ciudadanía.
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