lunes 16, marzo, 2026

LA RAYA DEL TIGRE

Tres caminos para impedir el traslado de la estatua de Pancho Villa

Rubén Cárdenas

Intenso encono social hacia el gobierno del estado propició la sola intención de trasladar en breve la estatua del general Francisco Villa, obra del maestro Francisco Montoya De la Cruz, al municipio de San Juan del Río, para después reemplazarla por una estatua gigante que claramente no es algo prioritario.

La indignación ha ido creciendo, al grado que dar pie, de facto, a todo un movimiento de varios sectores, no nada más artistas, para impedir que se lleven una obra que forma parte medular del patrimonio artístico y cultural de Durango.

A raíz de las airadas protestas, encabezadas por la senadora morenista Margarita Valdez y el regidor emecista Francisco Franco Soler, así como colectivos artísticos, catedráticos universitarios y familiares del maestro Montoya, la defensa por la permanencia de la referida estatua parece encaminarse por tres rutas que no contemplan una derrota.

La primera es denunciar en el ámbito federal el intento de violación a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que en su articulado contempla la intervención inmediata de la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para suspender el acto, en este caso el traslado del monumento, y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.

El artículo 33 de esta Ley sostiene que son monumentos artísticos los bienes muebles o inmuebles que revistan valor estético relevante, además de que podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. O sea, la estatua de Villa está perfectamente amparada por esta ley.

Ahora bien, el artículo 34 bis es contundente: “Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta Ley, la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiera el artículo 24, podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico de zona de monumentos artísticos”.

Y prosigue: “esta declaratoria debe ser debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esta declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso”.

De la misma manera, el segundo camino sería también recurrir directamente a la justicia federal, a través de un amparo que detenga en forma inmediata los trabajos de remoción de la escultura. Cualquier ciudadano lo puede promover y la justicia federal protege este derecho sin distingos.

El tercer camino es continuar con la protesta organizada por lo que se considera un golpe al patrimonio cultural y artístico de la capital del estado. Hasta hoy, algunos grupos han planteado la idea de formar guardias al pie de la estatua a fin de, en cuanto inicien los trabajos para bajarla, dar aviso a colectivos ciudadanos y así impedir el traslado a San Juan del Río.

Por su cuenta, la senadora Margarita Valdez podría llevar la controversia al Senado, desde donde se emitiría un exhorto a las autoridades para que den marcha atrás, mientras que el regidor Francisco Franco está facultado para exigir, en la próxima sesión de Cabildo, que se defienda este patrimonio, del cual tiene responsabilidad el gobierno municipal.

Es difícil, cierto, que Franco obtenga el respaldo necesario, ya que la fracción prianista es mayoritaria y además cuenta con la alianza, en los hechos, de la fracción de MORENA, pero aun así, como pasó con el aumento al predial, quedarían socialmente exhibidos los regidores que una y otra vez se conducen bajo intereses ajenos a los de la comunidad.

No deja de ser lamentable que en Durango se esté volviendo sistemática la confrontación entre autoridades y ciudadanos. La mesura y el imperio de la ley deben prevalecer por encima de las injusticias e ilegalidades. Al tiempo.

COLMILLOS Y GARRAS

TAN PRONTO COMO trascendió que la estatua del Villa gigante tendrá un costo de 17 millones de pesos, las protestas y críticas arreciaron en redes sociales, porque la sociedad percibe que se hará un derroche innecesario, al tratarse de una obra que nadie pidió… SOBRE TODO, EXISTIENDO tanta carencia en las distintas áreas de gobierno, como la salud, donde falta todo y donde, como en otras, se podría aliviar esta situación con esos recursos… ASIMISMO, DADO QUE la obra original que se quieren llevar a San Juan del Río está hecha en bronce y tiene gran pesaje, su costo triplica esos 17 millones, así que, entre el costo de una y el despojo de otra, la pérdida es, literalmente, monumental.

CUENTA EN X: @rubencardenas10

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