Enrique Marttínez y Morales
En momentos de reforma electoral, conviene mirar al pasado para entender con claridad el presente y prevenir el futuro. El debate sobre la permanencia de los legisladores plurinominales no es nuevo, pero hoy vuelve a ocupar el centro de la discusión pública.
Los diputados y senadores de representación proporcional nacieron en México como respuesta a un problema real: la falta de pluralidad en los órganos legislativos. Durante décadas, el sistema mayoritario permitió que una sola fuerza política concentrara casi la totalidad de los escaños, dejando sin voz a millones de ciudadanos que habían votado por otras opciones.
Hubo, además, otra intención de fondo: profesionalizar la función legislativa. Se buscaba que perfiles con trayectoria académica, intelectual o técnica —que difícilmente ganarían una elección territorial— pudieran incorporarse al Congreso para enriquecer el debate público, elevar la calidad de las leyes y aportar visión de Estado.
Con el paso del tiempo, sin embargo, esa aspiración se fue diluyendo. En muchos casos, las listas dejaron de construirse con criterios de mérito o especialización y comenzaron a responder a lógicas internas de partido.
Hoy, una parte importante de la ciudadanía percibe a los legisladores de representación proporcional como figuras distantes, sin vínculo directo con el electorado y producto de decisiones tomadas lejos del escrutinio público.
Eliminar la representación proporcional sin una alternativa podría significar un retroceso hacia mayorías artificiales y menor pluralidad. Pero mantener el modelo actual, ignorando el reclamo ciudadano, tampoco parece responsable.
Existe, sin embargo, una ruta clara que ya forma parte de nuestro propio diseño institucional: el principio de primera minoría, aplicado en la elección del Senado. Este mecanismo permite que accedan al órgano legislativo quienes, aun sin ganar, obtuvieron un respaldo ciudadano significativo. Son candidaturas que recorrieron territorio, escucharon a la sociedad y conquistaron votos reales. No llegan por decisiones cupulares ni por listas definidas en lo oscurito, sino por la legitimidad que otorga la competencia democrática.
Adoptar un esquema similar para sustituir o transformar la representación proporcional permitiría preservar la pluralidad sin renunciar a la cercanía ciudadana. Los llamados “mejores perdedores” no serían una concesión partidista, sino una expresión auténtica del electorado.
La discusión sobre los plurinominales no debería resolverse desde la consigna, sino desde la responsabilidad histórica de fortalecer nuestras instituciones. México ha avanzado cuando ha sabido equilibrar pluralidad con gobernabilidad, inclusión con eficacia, y representación con legitimidad.
Porque, al final, la pregunta importante no es cuántos legisladores tenemos, sino qué tan bien estamos representados.
