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Saltillo, Coahuila.- En sesión del Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Álvaro Moreira Valdés, para solicitar respetuosamente a los ayuntamientos, que en el ámbito de sus atribuciones y en colaboración con las autoridades estatales competentes, fortalezcan las campañas de orientación a la ciudadanía, así como los mecanismos de diálogo, verificación y resolución de conflictos habitacionales relacionados con la regularización de predios y terrenos, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las familias y proteger su patrimonio.
Coahuila se ha consolidado como un destino atractivo para quienes buscan mejores oportunidades de empleo, seguridad y calidad de vida, lo que ha generado una alta demanda de viviendas y terrenos. Este contexto ha propiciado un aumento en la búsqueda de alternativas aparentemente más accesibles para la adquisición de terrenos y viviendas, muchas veces sin contar con información suficiente sobre su situación jurídica.
Desafortunadamente, los fraudes inmobiliarios relacionados con la venta de terrenos y viviendas se han vuelto más frecuentes. En muchos de estos casos, son ofertados a través de redes sociales, y aprovechando precios bajos y facilidades de pago como mecanismos de enganche las personas afectadas sufren pérdidas económicas significativas.
De igual forma, se han identificado prácticas de venta mediante documentación falsa, en las que los oferentes se ostentan indebidamente como propietarios en plena posesión y dominio de inmuebles que no les pertenecen.
Recientemente, el municipio de Saltillo alertó a la ciudadanía sobre posibles ventas ilegales en diferentes colonias; otros municipios, como Arteaga, Acuña y Piedras Negras han advertido también sobre posibles fraudes en la compra de terrenos que podría comprometer el patrimonio de los compradores.
Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer de manera permanente las acciones de prevención, orientación y verificación institucional, a fin de evitar la comisión de ventas ilegales que afecten a la ciudadanía.
Junto a esta problemática converge otra que aqueja a familias que, actuando de buena fe, hoy habitan terrenos con algún grado de irregularidad jurídica. Ante ello el Gobierno del Estado, a través de CERTTURC, en coordinación con los municipios, ha realizado grandes esfuerzos para abonar a la regularización de la tenencia de la tierra. Por medio de mesas de diálogo, campañas informativas y programas específicos, se ha logrado un acercamiento colaborativo entre autoridades y residentes que redunde en la garantía del patrimonio familiar y los derechos de terceros.
Estos encuentros han dado resultados positivos y deben continuar replicándose. A través de los ayuntamientos y en coordinación con autoridades estatales, resulta necesario impulsar y reforzar las campañas de orientación sobre la adquisición legal de inmuebles, así como los mecanismos de diálogo y atención a familias que ya enfrentan problemáticas de irregularidad en la tenencia de la tierra, con un enfoque preventivo, social y de certeza jurídica.
