Jesús Vázquez Trujillo
La conspiración del padre Joaquín Arenas y la expulsión de los españoles
El 19 de enero de 1827, el fraile español de la congregación de los Dominicos Joaquín Arenas, buscó al general Ignacio Mora, quien era comandante militar de la Ciudad y el Estado de México, para comunicarle acerca de un plan que tenía para devolver al país al dominio español, pretextando que el gobierno federal, encabezado por el general Guadalupe Victoria, mancillaba a la religión católica, y afectaba a los privilegios del clero con tantas libertades que otorgaba.
El fraile Arenas le explicó al general Mora que el plan para reconquistar México, venía desde Madrid y que una vez que él aceptara sumarse le daría más detalles y una copia del pronunciamiento, le afirmó que el rey Fernando VII, había enviado a un agente encubierto para que vigilara todos los detalles.
El general Ignacio Mora fingió estar de acuerdo con la conspiración del fraile Arenas, para ganarse su confianza y ver si lograba sacarle los nombres del resto de los implicados en dicha conjura, sin embargo, no logró nada.
Aun así, el padre Arenas creyó en la adhesión del general Mora a su causa, y quedaron de reunirse al mes siguiente para llevar a cabo el plan y regresar a México al dominio español.
Sin embargo, el día convenido el general Ignacio Mora, estaba esperando al padre Joaquín Arenas, acompañado con un pelotón del ejército, mismo que en cuanto vio al clérigo recibió la orden de aprehenderlo.
Una vez en prisión, el padre Joaquín Arenas dio el nombre de todos sus cómplices, los cuales también fueron aprehendidos.
Ante estos hechos, se le hizo saber al presidente Guadalupe Victoria el temor que cundía en la sociedad ante la amenaza de un intento de reconquista de México por parte de España.
Por esta razón e influenciado por el intrigante embajador estadounidense Joel R. Poinsett, quien había comenzado a sembrar un sentimiento antihispano en varios sectores de la sociedad capitalina, el presidente Victoria, expidió la “Ley del Caso”, la cual decretaba la expulsión de los súbditos españoles de todos los puntos del territorio mexicano.
Entre los expulsados se encontraban españoles que ya se habían naturalizado mexicanos, como fue el caso del general Pedro Celestino Negrete, antiguo triunviro del supremo poder ejecutivo conformado por él, el mismo Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, órgano que gobernó el país tras el derrocamiento de Agustín de Iturbide.
Sin embargo, esta medida resultó catastrófica para la naciente economía mexicana, porque los expulsados se llevaron consigo todos sus bienes y capitales.
