Luis Alberto Vázquez Álvarez
A mediados del siglo II a.C. en la floreciente República Romana, existía una crisis para los agricultores directos (aquellos medianos y pequeños propietarios que en su día proporcionaron los mejores soldados) estaban llegando a la ruina porque los senadores ricos compraban más de una finca y sumadas todas ellas se iban convirtiendo en latifundios, entonces ellos fijaban los precios del trigo según sus intereses. Pero estos no eran campesinos, no les gustaba vivir en el campo sino en la ciudad, por lo tanto, esas inmensas posesiones las daban en arriendo tratando de sacar el máximo rendimiento, mientras se empobrecía más a los originales agricultores.
Esta miserable situación se vivía tanto en el sector agrario como en el social hacía el año 133 a. C. cuando Tiberio Graco fue elegido tribuno de la plebe y desde cuya magistratura elaboró y propuso leyes que iban a favorecer a la plebe urbana, mediante la distribución de tierras, la creación de colonias y la aprobación de leyes como “La Sempronia” que permitía la pequeña propiedad campesina y que aumentara la población capaz de servir en el Ejército. Las parcelas que habían llegado a ser latifundios serían devueltas al Estado y se convertirían después en propiedades privadas y sus nuevos dueños tendrían la obligación de emplear en ellas a hombres libres. Diez años después fue elegido Gayo Graco, quien, al igual que su hermano, buscó llevar adelante y con buena mano la aplicación de aquellas leyes propuestas. Estas leyes iban en detrimento de la clase aristocrática, los optimates («bueno entre los buenos»), que constituían la mayoría del Senado.
Las nuevas leyes de los hermanos Graco eran en sí mismas buenas para Roma y para su evolución histórica; pero fracasaron a causa de la reacción aristocrática que actuó con brutalidad al ver sus privilegios amenazados. La oligarquía senatorial mandó matar a los Graco… Parafraseando a Maquiavelo: “Puede el poderoso perdonar a quien mata a su padre, pero jamás a quien lo priva de sus privilegios, a ese lo odiara eternamente”
Esta semana el congreso mexicano legisló la nueva Ley General de Aguas cuyo objetivo es promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como generar una cultura del agua saludable.
De acuerdo a los principios fundamentales del artículo 27 constitucional, las aguas dentro del territorio nacional corresponden originariamente a la nación; el estado tiene el derecho de proporcionarlas a los particulares constituyendo la propiedad privada que siempre tendrá un sentido social. Con esta ley, ya aplicable legítimamente se garantizará el derecho al vital líquido; se prohibirá a los organismos operadores suspender o restringir totalmente el servicio de agua potable por falta de pago de los usuarios domésticos que viven en situación de vulnerabilidad, estableciéndose que el servicio deberá suministrar el mínimo indispensable para su subsistencia.
El Estado sea el único regulador del uso del agua y se elimina la transferencia de derechos de agua entre particulares; las concesiones no usadas adecuadamente regresen a Conagua para su reasignación. Se reconocerá la responsabilidad y la seguridad hídrica; se garantizará el acceso sostenible. Se modificará el pago de cuotas para evitar acaparamiento del agua a fin de que llegue a quien realmente la necesita. Habrá reglas claras para concesiones de uso agrario, garantizándose soberanía alimentaria y derechos de los titulares. Se buscará fortalecer la detección de usos irregulares, el cumplimiento de obligaciones y el régimen de sanciones, incluidos en él, un catálogo de delitos hídricos que complemente el esquema sancionador.
El ataque a la nueva ley del agua en México proviene de dos grupos: Los “maíceados” por los detentadores de múltiples concesiones y presas saqueadoras de agua, entre ellos los “Chayoteros” medios de comunicación deshonestos y, los enemigos de la 4T, que sin saber exactamente cómo beneficiará millones de personas, atacan por atacar, entre ellos muchos simpatizantes de los narcoPRIANistas. En La Laguna todavía tenemos el recuerdo del suministro de agua rodada por canales que beneficiaba a unos pocos que pagaban a los aforadores, recibían más agua que la correspondiente y dejaban secos muchos campos más alejados del río, como ejidos de San Pedro de las Colonias. Esa era la justicia social del neoliberalismo.
